«¿Quiere que la Unión Europea disponga, sin el consentimiento del Parlamento [de Hungría] sobre el asentamiento de ciudadanos no húngaros en Hungría?», será la pregunta en la consulta del 2 de octubre, cuya celebración ha decidido el Gobierno de Viktor Orban, que se opone firmemente al reparto por cuotas.

El partido en el poder Fidesz, de Orban, considera que los húngaros deben decidir con quién conviven y hará campaña para que gane el «no» en la consulta popular.

«Los húngaros serán los primeros en la Unión Europea que podrán expresar su opinión sobre las políticas de Bruselas en el tema de inmigración», ha dicho el presidente del gabinete del Jefe de Gobierno, Antal Rogan, tras anunciar la convocatoria.

«Hay que decir no a las políticas de Bruselas (en el referéndum)», ha insistido Rogan, tras considerar que «no basta fortalecer la defensa de las fronteras».

Ya en febrero pasado, después de que Budapest anunciara su intención de convocar a la población para que se manifieste sobre la repartición de refugiados por cuotas, la Comisión Europea cuestionó el encaje del referéndum en el proceso decisorio de los Veintiocho.

Hungría, junto a otros países como Eslovaquia, Polonia y la República Checa, se opone decididamente al citado plan de reubicación elaborado por Bruselas.

El Gobierno de Budapest selló el pasado otoño sus fronteras del sur para detener a los refugiados que entraban en el país desde Serbia y Croacia.

Hasta cinco años de cárcel

Desde esa fecha, la legislación húngara penaliza con hasta 5 años de cárcel el cruce de las fronteras de manera irregular.

Además, a partir de este martes autoridades húngaras aplicarán una polémica reforma legal que permite trasladar a los refugiados interceptados cerca de las fronteras al otro lado de las vallas fronterizas.

«Durante la jornada de hoy, los agentes han acompañado hasta la frontera a unas 600 personas, que colaboraron con las autoridades, y no hubo incidentes», ha informado el capitán general de la Policía húngara, Károly Papp, en relación a la norma que entró en vigor la pasada medianoche.

Del otro lado de las vallas, en una estrecha franja de terreno todavía en territorio húngaro, los refugiados tendrán que acceder a las zonas de registro, donde podrán presentar sus solicitudes de asilo, con lo que se hará mucho más difícil la petición.