El actual jefe del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, se ha comprometido a investigar el fichaje de su predecesor, José Manuel Durao Barroso mediante una respuesta escrita a la Defensora del Pueblo de la UE, Emily O’Reilly, quien el pasado día 5 puso en duda las medidas tomadas hasta ahora.

O’Reilly mostró ayer su satisfacción por la celeridad con la que Juncker ha reaccionado a su queja y confió en que el examen ético de este fichaje, encargado a un comité ad hoc, se cumpla «cuanto antes».

Además, la Defensora del Pueblo advirtió de que son necesarias más medidas para evitar nuevos conflictos de este tipo y expresó la necesidad de revisar el Código de Conducta para incluir, por ejemplo, sanciones.

Las normas actuales exigen a los ex altos cargos comunitarios informar a la CE de su cambio de puesto si este se produce en los 18 meses siguientes a dejar su actividad en Bruselas. En el caso de Barroso, habían transcurrido 20 meses cuando fue fichado como asesor por Goldman Sachs, un banco de gran influencia en Wall Street. Esos dos meses de diferencia le sirvieron a Barroso para evitar la notificación a la CE, y a Bruselas para alegar que no intervenía porque se habían cumplido las reglas.

Sin embargo, la queja de la Defensora del Pueblo ha hecho que Juncker pida ahora «aclaraciones» a Barroso «Le hemos pedido el contrato para verlo y verificar que lo que hay en él está en línea con el Tratado», explicó en rueda de prensa el portavoz comunitario, Alexander Winterstein.

Curiosa coincidencia

Además del citado plazo de 18 meses, el artículo 245 del Tratado de la Unión exige a los miembros del Colegio de Comisarios un comportamiento «íntegro» mientras desempeñen su cargo, pero también «después».

Entre las tareas de Barroso en Goldman Sachs está el de asesorar sobre las consecuencias del Brexit. Y se da la curiosa circunstancia de que el jefe negociador de la CE para la salida de Gran Bretaña es el excomisario Michel Barnier, miembro del Ejecutivo comunitario cuando lo presidía el político portugués.