La verdad, la justicia, la reparación y la no repetición están en la base del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. La «Declaración de principios» con la que las FARC-EP y el Gobierno colombiano iniciaron las discusiones sobre las víctimas –el punto 5 de la Agenda– el 7 de junio de 2014 incluye el reconocimiento a las víctimas, la asunción de responsabilidades por parte de quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto, la satisfacción de los derechos de las víctimas y el principio de reconciliación. En concreto, en el Acuerdo Final se establece la celebración de actos «tempranos» de reconocimiento a partir de la firma oficial. Estos serán «formales, públicos y solemnes».

El lunes, en Cartagena de Indias, el comandante en jefe de las FARC-EP, Timoleón Jiménez o Timochenko, a quien el presidente Juan Manuel Santos se refirió en todo momento por su nombre de pila –Rodrigo Londoño Echeverry– como símbolo del fin de la lucha armada de esta guerrilla, pidió en nombre de las FARC «perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido ocasionar en esta guerra».

En una declaración emitida el 11 de setiembre desde La Habana, el jefe de la delegación de paz, Iván Márquez, afirmó que «60 años de conflicto armado y de victimizaciones acumuladas nos exige pensar en la necesidad de acabar la vorágine de violencia que ha atrapado a los colombianos. Es clamor nacional detener el desangre, detener las victimizaciones producidas por las negaciones de derechos políticos, económicos y sociales, acabar con la exclusión y con todo aquello que no ha hecho posible vivir con dignidad y justicia social. Ha llegado la hora en la que todos los involucrados en el conflicto reconozcamos responsabilidades y nos comprometamos a garantizar el ‘Nunca Más’ pensando en el presente y en las generaciones futuras».

«En esta perspectiva queremos reconocer con sentimiento de humanidad y reconciliación que, en el transcurso del conflicto, las FARC también causamos un gran dolor con la retención de personas por razones económicas. Tal conducta, aunque siempre tuvo el propósito de sustentar las necesidades de la rebelión, terminó lacerando entornos familiares. Transcurridos más de cuatro años de haber suspendido este tipo procedimientos, reiteramos nuestro compromiso de no repetición», remarcó.

En este contexto, el jueves, Márquez junto los delegados Pastor Alape, Benkos Biohó, Marisa Sánchez e Isaías Trujillo y el abogado Diego Martínez entregaron a la comunidad de Bojayá, en el departamento de Chocó, un Cristo Negro construido en La Habana por el escultor cubano Enrique Angulo en señal de «resarcimiento» por la muerte de al menos 79 personas que se habían refugiado en la iglesia de Bellavista de los combates entre la guerrilla y paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Un cilindro bomba arrojado por la guerrilla cayó sobre el templo, que se convirtió en una trampa mortal para los civiles que estaban en su interior. En el acto desarrollado en la iglesia también participó el Alto Comisionado para la Paz y negociador plenipotenciario del Gobierno, Sergio Jaramillo.

«Al llegar hasta aquí, con la ofrenda del Cristo Negro de Bojayá –el anterior quedó destruido en la explosión–, lo hacemos para rendir el más sentido homenaje, más que merecido, a un pueblo sufrido y emprendedor; Y lo hacemos con el convencimiento de que es necesario mantener siempre presentes a las personas queridas que nos quitó la guerra. Ellos y ellas deben estar latentes en cada rincón de la memoria; en cada momento y lugar del porvenir deberán estar los recuerdos de sus voces y sonrisas, de sus hazañas y cuentos, porque aunque ya no estén físicamente deben pervivir como fuerza moral y espiritual para avanzar hacia la conquista de las mas bellas utopías», manifestó Márquez.

«Sin manchas de rencor»

«Tendemos nuestras manos jurando que jamás tuvimos la intención de causar los terribles daños que tanta aflicción han ocasionado y lo hacemos con la infinita gratitud que nos da la forma con la que, sin manchas de rencor y odio, nos han recibido», exclamó en nombre del Estado Mayor Central.

En declaraciones a la agencia Nueva Colombia de la guerrilla, Alape destacó que este Cristo, que no tiene clavados ni los brazos ni las piernas, simboliza «la esperanza y el renacer de un nuevo horizonte para Colombia. Con ello queremos expresarle a todas las víctimas que ellas han sido parte y están en el centro de la construcción de la paz».

«Pedir perdón y reconocer la masacre de Bojayá por parte de las FARC son pasos importantes y necesarios para la reconciliación. Agradezco las palabras de Iván Márquez, a las que el Gobierno le da el más alto valor», expresó Jaramillo.

En diciembre de 2015, una delegación de las FARC compuesta por el propio Alape, Isaías Trujillo, Pablo Atrato, Matías Aldecoa y Erika Montero se desplazó desde La Habana a Bellavista para una primera toma de contacto con la comunidad. En una próxima fecha, según avanzó Jaramillo en Twitter, se llevará a cabo otra ceremonia.

El viernes, hicieron lo propio en el barrio La Chinita de Apartadó, en Antioquia, donde el 23 de enero de 1994 murieron 35 personas. La ceremonia, a la que también asistieron Jaramillo y el jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle, comenzó con un recorrido de las víctimas por la calle donde sucedieron los hechos. Después, mantuvieron un encuentro privado con miembros de las FARC.

El 10 de setiembre, antes de salir de Cuba con destino a los Llanos del Yarí, donde se desarrolló la Décima Conferencia Nacional Guerrillera, se reunieron durante cuatro horas con familiares de los diputados del Valle, secuestrados en 2002 y muertos en 2007.

«Dicho encuentro se desarrolló en un ambiente tenso pero respetuoso culminando en un ambiente más cordial y de reconciliación. Cada uno de los familiares expresó de manera clara y concisa sus sentimientos, dolor y cuestionamientos», señalaron en un comunicado los familiares tras la reunión en la que acordaron celebrar un acto público en octubre en Cali. «Convocamos a todos los colombianos a dejar a un lado nuestros dolores personales por el bien del país y apoyar decididamente la búsqueda de la paz», subrayaron.

Por parte del Gobierno, en cumplimiento de una resolución del Consejo de Estado, el presidente, Juan Manuel Santos, admitió ante supervivientes de la Unión Patriótica que el Estado «no hizo lo suficiente para impedir el exterminio» de este partido surgido a raíz de la negociación entre las FARC-EP y el Gobierno de Belisario Betancur. «Debemos reconocer que el Estado no tomó medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos, los atentados y las demás violaciones, a pesar de la evidencia palmaria de que esa persecución estaba en marcha», destacó en Casa de Nariño.

«Si estamos en medio de una transición a la paz –que es una transición política–, debemos asegurar que todos quienes participan en política, incluido el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC a la legalidad, tengan plenas garantías y absoluta libertad para manifestar sus opiniones políticas y ejercer la política», añadió.

Además de estos actos, el acuerdo sobre Víctimas establece la creación de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición con el fin de esclarecer y promover el reconocimiento de las responsabilidades colectivas del Estado –incluyendo el Gobierno y demás poderes públicos–, de las FARC, de los paramilitares y de cualquier otro grupo que haya participado en el conflicto; el impacto del conflicto sobre quienes participaron en él como combatientes y sobre sus familias y entornos, el fenómeno del paramilitarismo o el desplazamiento.