El Tribunal Constitucional suspendió en mayo varios preceptos de la norma aprobada por el Parlamento de Gasteiz en junio de 2015 tras un recurso de la Abogacía del Estado.

En concreto, suspendió de manera cautelar los artículos 3 y 5 en su totalidad y de manera parcial los artículos 2 y 6, así como las disposiciones transitorias primera y segunda.

Ahora ha levantado la suspensión de los citados artículos, por lo que la ley vuelve a estar en vigor.