El calendario es muy caprichoso. Tanto es así que, cuando la política catalana se encuentra sometida a la más estricta judicialización, se acerca el juicio por corrupción más importante de la Catalunya autonómica. Hoy mismo, la Audiencia Provincial de Barcelona acogerá la vista oral contra los antiguos responsables del Palau de la Música Catalana y varios dirigentes de Convergència Democràtica de Catalunya –CDC, hoy PDeCAT–, a quienes se acusa de desviar a la formación comisiones ilícitas provenientes de la constructora Ferrovial.

Por estos hechos, el fiscal pide 27,5 años de prisión a Fèlix Millet y Jordi Montull, expresidente y exdirector de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, por los presuntos delitos de malversación, falsedad documental, tráfico de influencias, apropiación indebida y blanqueo de capitales, mientras que para el extesorero de CDC, Daniel Osàcar, pide 7,5 años al acusarle de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Al mismo tiempo, reclama 4,5 años para los dirigentes de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, a los cuales también exige una multa de 10 millones de euros. En el caso de Millet y Montull, la petición de multas se eleva a 22 millones, mientras que para Gemma Montull y Rosa Maria Garicano, vinculadas a la gestión del Palau, es de 12 millones; a parte de los 25 millones que los 17 acusados tendrían que pagar a la Agencia Tributaria, al Consorcio y a la Fundació Orfeó Català.

El ministerio fiscal reclama el decomiso de 6,6 millones de euros a Convergencia, al considerar que es la cifra percibida mediante «comisiones ilegales», por la cual la hace responsable civil de un delito de financiación ilegal con finalidades lucrativas. Esta circunstancia da al «Cas Palau» una importancia sin precedentes, por lo que ha podido representar en la etapa pujolista. Cabe recordar las declaraciones del fundador de CDC y expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, cuando a propósito de la causa insinuó que «si entramos por aquí, saldremos mal», a la vez que, durante su paso por la comisión parlamentaria sobre corrupción y fraude fiscal, insistía: «Si se corta una rama, el árbol entero puede caer».

El «Cas Palau» estalló en julio de 2009, cuando la Fiscalía de Barcelona presentó una querella contra Millet y tres de sus directivos después de que Joan Llinares, entonces director general de la fundación, encargara auditorías para averiguar el vínculo entre el Palau, Ferrovial y CDC. Llinares recogía una antigua denuncia anónima presentada en 2002 sobre un supuesto desvío de fondos al Palau para fines privados de Millet, la cual finalmente fue archivada.

A raíz de esta segunda querella, la mañana del 3 de julio de 2009, los Mossos d’Esquadra entraban a la sede de la emblemática institución para intervenir documentación de diversa índole, la cual destapó un desfalco de 31,2 millones de euros. Así consta en el auto del fiscal anticorrupción, Emilio Sánchez Ulled, y del actual juez instructor, Josep Maria Pijuan, los cuales aseguran que la empresa Ferrovial Agroman SA «abonaba al Palau de la Música una comisión del 4% de la obra pública adjudicada por la Generalitat, de la cual un 2,5% se asignaba a CDC y el resto, el 1,5%, a Fèlix Millet y Jordi Montull por sus tareas de intermediación».

Ferrovial abonó en comisiones 17,91 millones de euros, de los cuales 6.676.105 euros fueron a parar a CDC mediante cheques al portador, facturas falsas o en «aparentes convenios de colaboración con la Fundació Trias Fargas (actual Fundació CatDem), vinculada al partido». Las comisiones provenían de cuatro operaciones urbanísticas: la Línea 9 del Metro de Barcelona, por la cual la constructora recibió adjudicaciones de 178 millones de euros (el 20% de la inversión otorgada a una Unión Temporal de Empresas); la Ciutat de la Justícia, situada en Hospitalet de Llobregat, por valor de 263 millones; el pabellón municipal de Sant Cugat del Vallès (4,17 millones); y finalmente la cobertura de la acequia Bellet, situada en el margen izquierdo del río Ebro, adjudicada por 2,63 millones. La mayoría de estos contratos se realizaron desde la Conselleria d’Obres Públiques y Política, entonces presidida por el exdirigente de CDC Felip Puig, mientras que la del pabellón de Sant Cugat fue cuando el alcalde de esta localidad era Lluís Recoder, también exdirigente de CDC.

Según el juez instructor, en la intermediación habrían actuado los directivos de Ferrovial, los extesoreros de CDC Carles Torrent (muerto en 2005) y Daniel Osàcar (su sucesor), así como el exdiputado de CiU Jaume Camps. Respecto a Osàcar, el auto señala que muy probablemente era el interlocutor con Millet para cerrar el cobro de las comisiones, para las cuales también habrían intercedido Jordi Montull, Gemma Millet y Rosa Garicano. A través de todas estas personas, concluye Sánchez Ulled, se puede deducir la existencia de un «pacto criminal estable» entre el Palau de la Música, Convergència Democràtica y Ferrovial.

Impunidad por capítulos

La instrucción del «Cas Palau» se ha alargado 7,5 años, durante los cuales han pasado cuatro jueces instructores, han fallecido siete de los testigos previstos para comparecer y se ha dictado una primera sentencia. Es la referida al hotel que Millet y Montull pensaban construir en el edificio adyacente al Palau. Un caso por el cual la Audiencia de Barcelona les condenó en 2014 a un año de prisión por tráfico de influencias. La pena, ratificada en 2015, fue revocada por el Tribunal Supremo en junio del pasado año, desestimando el recurso interpuesto por el fiscal, la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música y la Associació de Veïns per a la Revitalització del Casc Antic de Barcelona.

En total, el macrosumario ha acumulado 65 carpetas con 102 dosieres que agrupan 60.784 folios, sin contar con la documentación adjunta de cada pieza. Un volumen de información que servirá para determinar la culpabilidad de las partes procesales: 17 acusados, 5 responsables civiles a título lucrativo y 11 entidades jurídicas como responsables civiles subsidiarias. Se prevé que, a causa de su complejidad, el proceso se dilate hasta el mes de julio, ya que intervendrán 24 letrados de la defensa y 2 acusaciones –la particular, que ejerce la fundación del Palau, y la popular, liderada por la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)–.

Veremos si el «Cas Palau» hace honor a la famosa frase que Fèlix Millet pronunció en su momento: «Somos unas cuatrocientas personas, no hay muchas más, nos encontramos en todos los sitios y siempre somos los mismos». Unas palabras, reproducidas en el libro “L’Oasi Català”, que denotan la impunidad con la cual, supuestamente, la clase dirigente, con Convergència al frente, se ha enriquecido a costa del erario público.

De la financiación ilegal a las «donaciones voluntarias»

CDC continúa financiándose a través de las grandes constructoras. Así se desprende de las investigaciones realizadas por el juez Josep Bosch en el marco del «Cas Petrum», que aborda el posible cobro de comisiones que el partido habría percibido entre 2008 y 2015 de las empresas Teyco, Copisa y Grupo Soler. Estas comisiones, obtenidas a cambio de contratos de obra pública, habrían ido a parar a la Fundació CatDem, vinculada a Convergència, cuyos responsables han esgrimido que se trata de «aportaciones legales, públicas, transparentes y auditadas». En ningún caso, han señalado, tienen relación alguna con la obra pública, sino que «son donaciones voluntarias motivadas por razones de afinidad ideológica y apoyo a nuestro proyecto político».

Con esta argucia, la formación nacionalista ha justificado las transferencias a sus fundaciones, las cuales, según la Oficina Antifrau, son la nueva puerta de entrada de la financiación irregular, ya que a diferencia de los partidos, pueden recibir donaciones anónimas y de empresas sin ningún tipo de límite.

En cualquier caso, el juez Bosch ha advertido de que las aportaciones investigadas equivalen justamente al 3% de las cuantías obtenidas por las empresas adjudicatarias, lo cual indicaría que, detrás de dichas aportaciones, se escondería un auténtico trato de favor, hecho que supondría un delito de cohecho, según los expertos. El «Cas Petrum», que ya acumula cuatro capítulos, sigue su curso.Àlex ROMAGUERA