«El Partido Popular respeta, pero no puede compartir la decisión adoptada por la mayoría del tribunal. El PP espera conocer la resolución judicial y su fundamentación antes de poder establecer una valoración detallada de la misma», ha afirmado en un comunicado que ha difundido unas horas después de conocerse la citación de Mariano Rajoy como testigo en el juicio sobre la presunta financiación ilegal del PP.

El tribunal ha aceptado citar a declarar al presidente español en calidad de testigo para que certifique si existió una caja B en el PP durante su etapa de secretario general y como director en varias campañas electorales.

El PP afirma que la decisión adoptada «contradice claramente» su propia doctrina, de febrero y octubre de 2016, en la que el mismo tribunal rechazó el testimonio de Rajoy con el argumento de que no era «ni pertinente, ni útil» para la causa.

Recuerda que el instructor de la causa, Pablo Ruz, también rechazó en su día el testimonio solicitado por la misma acusación popular «por adivinarse en la motivación de la solicitud» un interés ilegítimo y de carácter extraprocesal.

Según el PP, estos argumentos han sido «refrendados» tanto por el Ministerio Fiscal como por la Abogacía del Estado. Por eso, el partido «quiere significar el carácter absolutamente excepcional de la admisión de una prueba testifical solicitada por la acusación popular en contra del criterio de la Fiscalía».

«El PP pone en evidencia el error al que induce la acusación popular al hacer uso de alegaciones falsas y atribuir a Rajoy unas funciones que no correspondían a sus cargos y responsabilidades orgánicas», sostiene en su comunicado.

El PP dice que, aunque Rajoy ha sido citado como «uno más de los 300 testigos» admitidos en la causa y «sin que se le atribuya ningún tipo de responsabilidad en los hechos que se juzgan», esa declaración del presidente del partido «es una muestra del proceso mediático que la acusación popular de ADADE pretende seguir».

«Consideramos que todo ello supone una situación de abuso de derecho, por cuanto una petición con clara intencionalidad política se enmascara bajo un interés jurídico inexistente», opina el PP.

En este sentido, subraya que ADADE está liderada por dos personas, Javier Ledesma y Mariano Benítez de Lugo, «muy conocidas por su cercanía al Partido Socialista», que «siempre se ha sumado a las peticiones de ADADE».