Aritz INTXUSTA

La quiebra de contratas evapora el dinero público

Pese a que las administraciones navarras han pagado en tiempo y forma los contratos de la obra pública, la mayoría de las grandes constructoras se han declarado en quiebra, dejando tirada a la Administración y enormes agujeros en las pequeñas empresas.

La quiebra con pocos meses de diferencia de Arian y Harinsa Navasfalt ha dejado muy maltrecho al sector de la pequeña y mediana empresa de la construcción en Nafarroa. La deuda que van a dejar entre las subcontratas navarras se presume millonario. El fenómeno no es nuevo y, de hecho, de las últimas siete grandes empresas constructoras navarras ya solo quedan dos: Obenasa y Mariezcurrena. Por el camino han desaparecido el grupo Elcarte, Azpiroz y Saralegui (Azysa), Iruña Construcción... Mientras la Administración navarra se jactaba de ser la que antes pagaba sus deudas (a 30 días), con cada una de estas desapariciones, facturas de cientos de miles de euros se quedan sin cobrar por parte de las subcontratas que efectivamente han acometido esas obras. La pregunta es clara, si las contratas han cobrado y no pagan, ¿a dónde ha ido el dinero público?

«Las subcontratas llevamos tiempo sosteniendo a las contratas», comenta un mediano empresario de la construcción, que tiene una factura de 120.000 euros que jamás cobrará. «Ellas han cobrado a 30 días y a nosotros nos emiten pagarés a 180 días. Eso supone que, durante 150 días, se quedan ellas con el dinero y teóricamente lo tienen así, como en barbecho, hasta que nos pagan a nosotros. Eso, cuando lo pagan», explica. En realidad, el sistema de financiación es un más complejo. «En la práctica, –prosigue– nadie tiene dinero para pagar a sus trabajadores durante seis meses hasta que llega el momento de cobrar. Lo que tenemos que hacer es ir al banco con el pagaré y pedir un préstamo».

Hay dos modalidades para solventar este desfase. La primera es que la subcontrata pida al banco que le adelante el dinero confiando en el pagaré, jugándosela a que su cliente le falle y que el banco la persiga. La otra opción se conoce como «confirming», tiene un interés más elevado y el banco solo lo admite cuando se fía de la contrata que ha emitido el pagaré. En caso de impago, con un confirming el banco es quien se queda sin cobrar.

Javier Liria, presidente de la Asociación Navarra de Empresas de Construcción y Obra Pública (ANECOP) ve el cierre de estas empresas como algo lógico, que se debe al desplome de la inversión en infraestructuras. «En 2007 teníamos 49 asociados y ahora solo tenemos nueve», afirma Liria. En sus buenos tiempos, los socios de ANECOP daban trabajo a 10.000 personas y hoy no llegan a 2.000 trabajadores. «Las empresas de la construcción vivían de la financiación externa y, si no hay una continuidad en la licitación, quiebran, claro. Y la gente se queda sin cobrar», explica Liria.

El presidente de la patronal de las contratas asegura que la actual situación se veía venir y retoma su explicación revisando un taco de un centenar de folios en los que conserva la transcripción de su intervención en comisión parlamentaria en 2011. Liria acudió después del fiasco del Plan Navarra 2012, la solución milagrosa con la que UPN y PSN pretendieron acabar con la crisis. Fue una iniciativa surgida en pleno idilio entre las fuerzas del régimen y el gran precedente del gobierno fallido en coalición. Se anunció en abril de 2008, con Miguel Sanz de presidente, Álvaro Miranda en Economía, y lo firmó también Elena Torres (PSN) en calidad de presidenta del Parlamento. Aquel plan prometía 4.500 millones de inversión en obra pública en cuatro años para compensar el parón de la iniciativa privada (incluía la ciudad de la seguridad, el TAV, Navarra Arena... y un sinfín de obras jamás realizadas).

A raíz de ese plan, las empresas de obra pública se prepararon, contrataron empleados, compraron maquinaria y andamios e invirtieron para ser los mejor preparados para la fiesta, explican desde ANECOP. En 2009, el plan se puso en marcha y a las contratas les fue bien. Nafarroa llegó a licitar obras por valor de 1.151 millones de euros, lo nunca visto. «Antes no se veían lagartos (camiones especiales capaces de mover grandes tonelajes de tierra) en Navarra y, de repente, todos los empresarios tenían lagartos nuevos», comenta Liria.

En 2010 explotó la burbuja, bajando el gasto hasta los 365 millones. «De ahí que nosotros acudiéramos en marzo de 2011 a pedir auxilio», confiesa el responsable de la patronal. De un plumazo, el pastel se hizo demasiado pequeño para tanto comensal y la brusquedad del recorte desató una pelea feroz. Muchas de las constructoras recurrieron a bajas temerarias para hacerse con los concursos «incluso por debajo de coste de acometer sus obras con sus propios trabajadores», según Liria. El truco para solventar estas rebajas temerarias fue tirar de subcontratas, buscando mano de obra barata donde fuera y apretando a los colaboradores navarros. En resumen, se había generado el clima perfecto para que desembarcaran los piratas del sector.

Jaime Sagüés, otro responsable de ANECOP, recuerda cómo la excavación de la cárcel la hicieron murcianos que dormían en camiones en el camping de Ezkabarte y la llegada masiva de trabajadores gallegos, portugueses... «Llegaron piratas sí, piratas nivel nacional. Imagínate, todos estos años a la desesperada», prosigue Sagüés apoyándose en el gráfico que acompaña esta información.

La otra cara de la moneda la vivieron las arcas públicas, que veían como las obras que licitaban salían adelante con rebajas incluso superiores al 20% del presupuesto calculado. Esta situación se fomentó licitando mediante subasta pública (donde se adjudica directamente a la propuesta más barata) en lugar de optar por el concurso, donde ya entran a puntuarse otros baremos técnicos (calidad, maquinaria...).

Estafa piramidal a la desesperada

Con el desembarco en las subcontratas, los camiones, las excavadoras y los flamantes lagartos de los constructores navarros se quedaron en el garaje. Cada vez tenían menos trabajadores de buzo y más de corbata, centrados en conseguir los concursos y en subcontratar los trabajos. Sus oficinas centrales dejaron de estar en las localidades donde nacieron (Corella, Lizarra...) se trasladaron a las zonas nobles de Iruñea. Pero era pura fachada, porque ya mayoría estaban ya heridas de muerte.

En este punto, es donde llega el auge de los pagarés y los confirming. A través de este sistema de financiación, donde los gastos de las obras públicas del trabajador lo asume la subcontrata, una empresa constructora puede alargar su muerte esperando días mejores accediendo a nuevas obras, cobrando y emitiendo pagarés cada vez con un plazo más largo (en Nafarroa se han visto plazos de más de 300 días). Pero el problema es que la licitación pública en Nafarroa ya no remontó. En realidad, la dinámica que adopta contrata a la desesperada no es muy distinta a la de una estafa piramidal. Necesita captar dinero como pueda para pagar deudas atrasadas y todo cae cuando no hay más primos con quienes seguir la bola.

En 2012, llegó la ley del déficit que puso nuevos cortapisas al endeudamiento. Liria recuerda con sorna cómo el consejero del PSN, Anai Astiz, reconocía en 2012 que «no tenía un euro» para el mantenimiento de carreteras. «Todas las empresas que caen acaban igual. Hay un periodo que parece que están trabajando bien. De pronto, dejan de participar en concursos, porque les entran dudas. Es un periodo más o menos corto. De pronto, vuelven a una actividad frenética y empiezan a participar en todos los concursos y haciendo bajas enormes. Ya les puedes dar la extrema unción», afirma Liria.

El presidente de ANECOP asume que lo normal es que quien realmente ha hecho la obra pública sea quien se queda sin cobrar. «Mientras las empresas tienen liquidez, a quienes van a salvar es a su gente, claro. Seguramente es la subcontrata la que acabe sin de cobrar», sostiene. «Al final, la subcontrata tiene que saber con quién se mete y hasta dónde», remata.

Para ANECOP, la desaparición de lo poco que queda supondrá que las próximas licitaciones acabarán en manos de empresas de Madrid. Desde la patronal de la obra pública piden al Gobierno un nivel de inversión estable, sin bandazos. Proponen cifras de 250 o 300 millones por año para mantener lo que hay y advierten de la interconexión entre empresas que se arrastran unas a otras. «Aquí estamos haciendo apuestas sobre cuál será la siguiente en caer», dice Liria.