En un comunicado, el Gobierno de Iñigo Urkullu considera «decepcionante» la decisión del Consejo de Ministros de presentar un recurso contra la ley de víctimas de abusos policiales, ya que el Ejecutivo entiende que este recurso «se desentiende de la obligación que tenemos los poderes públicos de dar respuesta a los derechos que corresponden a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos».

En ese sentido, el Gobierno de lakua ha manifestado su «firme compromiso» con el reconocimiento y reparación de todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos.

El Ejecutivo, que hará una declaración más detallada cuando conozca el contenido exacto del recurso, señala «con total rotundidad» que la ley cuenta con «plena seguridad jurídica», como «ya han corroborado expertos juristas del más amplio y plural espectro en el ámbito vasco, estatal e internacional».