El sindicato ELA ha asegurado que la propia Diputación vizcaina ha reconocido que estos pagos son «indebidos» y que no existía obligación legal de continuar haciendo estos abonos. Ha anunciado que va a proceder a reclamar dichas cantidades indebidamente abonadas, «que son muy inferiores a las que realmente la Diputación ha abonado a las empresas por un servicio que no han ofrecido».

En concreto, el pasado lunes la Diputación anunció que había reclamado ya 721.750 euros a la residencias por la disminución de servicios en las jornadas de huelga de 2016, en función de los cálculos realizados por los servicios forales de inspección.

En declaraciones a los medios de comunicación, la representante de ELA, Esther Saavedra, ha subrayado que el proceder del ente foral «ha incidido negativamente en la efectividad de la huelga, y la capacidad de presión que resulta inherente al ejercicio de la misma».

Según ha explicado Saavedra, debido a la decisión foral, «las empresas no han soportado, en modo alguno, las consecuencias propias de la huelga, lo que influye en la duración de la huelga y rompe, en cualquier caso, la proporcionalidad de los sacrificios de las partes en conflicto, ya que se ha favorecido de manera directa a una de las partes, la empresarial».

Según datos estimados de ELA, con la actuación llevada a cabo por la Diputación Foral de Bizkaia, las empresas titulares de las residencias «no sólo no han visto mermado en forma alguna su patrimonio durante la huelga, sino que sus beneficios se han incrementado en más de cinco millones de euros».

Saavedra también ha considerado que junto al abono de las cantidades a las empresas, la Diputación ha centrado «sus esfuerzos en neutralizar la huelga e invisibilizar la grave situación del sector».

ELA ha denunciado además que la institución foral «no demuestra ninguna voluntad de implicarse para que el conflicto se resuelva, a pesar de ser responsable de la calidad del servicio y financiar más de 5.500 plazas de las 7.500 ocupadas».