El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, alegó ayer que, hace cinco años, el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha «a la desesperada» la denominada amnistía fiscal en un momento en el que el Estado español corría el riesgo de ser rescatado y estaba «al borde del colapso» económico.

Es cierto que Madrid evitó entonces que sus finanzas públicas pasaran a ser gestionadas de forma más directa por sus acreedores internacionales, como le está ocurriendo actualmente a Grecia, pero aquella amnistía fiscal no fue un salvavidas, sino una medida más que fue acompañando los sucesivos recortes en el gasto público que han conllevado, entre otras consecuencias, el deterioro de servicios básicos, la congelación de las pensiones o la precarización del empleo público.

Además, las cuentas públicas españolas siguen estando bajo «supervisión» de las instituciones de la Unión Europea. Sin ir más lejos, la Comisión Europea todavía tiene que revisar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el presente ejercicio, que fueron aprobados en el Congreso el pasado 31 de mayo en una votación en la que el PP tuvo el apoyo de PNV y UPN.

El mecanismo de supervisión de la UE tiene que valorar si estos PGE están en consonancia con lo establecido en el &bs;“Programa de Estabilidad de España 2017-2020”, es decir, si cumple con los objetivos de déficit y deuda pactados con Bruselas.

«No lo hicimos bien»

En un desayuno informativo organizado por la revista “Vanity Fair” que tuvo lugar en Madrid y del que se hizo eco la agencia Efe, Rafael Hernando respondió con un tajante «sí» a la pregunta de si el actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, debe seguir en el cargo tras la sentencia del Tribunal Constitucional. Montoro, que también se hizo cargo de esa cartera en el primer Gobierno de Rajoy, fue quien promovió la amnistía en 2012.

«Evidentemente no lo hicimos bien», tuvo que asumir el portavoz del PP, quien señaló que su partido «respeta» la sentencia del Constitucional. No obstante, al mismo tiempo insistió en justificar la medida adoptada en un momento de «enorme dificultad», en el que el PP acababa de llegar al Gobierno y el Estado español estaba inmerso en una grave crisis económica, con un déficit muy elevado y al borde del rescate.

Hernando, que recordó que ya está prevista la comparecencia del ministro en el Congreso, comentó que no fue una «amnistía fiscal como se hacía en el pasado» ni sirvió «para exonerar a nadie». Los medios de comunicación han resaltado que, entre los beneficiarios, hubo destacados dirigentes del PP ahora procesados por supuestos delitos fiscales, como Rodrigo Rato, Luis Bárcenas o Francisco Granados.

Luz verde a la Fiscalía de la UE contra el fraude

Un total de 20 de los 28 Estados miembros de la UE se han sumado finalmente a la cooperación reforzada con la que se pondrá en marcha la nueva Fiscalía europea que investigará y perseguirá el fraude y otros delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión..

El objetivo es contar con un organismo «sólido» e «independiente» con poderes suficientes para investigar y llevar a juicio a los presuntos responsables de delitos de corrupción y fraude que afecten a las arcas comunitarias o a casos transfronterizos de fraude del IVA. También se persigue aumentar la capacidad de recuperar fondos desviados, cuyo fraude se estima en al menos 50.000 millones de euros al año solo en ingresos perdidos por IVA. Esta Fiscalía podrá actuar con celeridad en esos casos, sin esperar a que se cumplan los habituales procedimientos de cooperación entre estados, más tediosos y de mayor carga burocrática. No obstante, deberá llevar a los procesados ante los órganos jurisdiccionales estatales. GARA