Durante un acto de recuerdo y homenaje a Amaia Egaña ante el Palacio de Justicia de Barakaldo, David González, de Berri-Otxoak, ha señalado que siete familias son desahuciadas a la semana en Ezkerraldea, «cuatro de ellas de Barakaldo». {En concreto, desde ese 9 noviembre de 2012 se han ejecutado 1.158 desahucios en Barakaldo», ha añadido.

González ha resaltado que desde el inicio de la crisis se ha duplicado el número de personas desempleadas. «En el año 2008, un total de 3.269 personas estaban en paro, mientras que en la actualidad son 7.312», de las cuales el 71% no perciben ningún tipo de prestación o subsidio.

A juicio del representante de Berri-Otxoak, «el no poner freno a la especulación y los recortes conlleva que el precio de los alquileres se incremente mes a mes». «Así, en octubre se produjo un aumento del 3,45% respecto al mes de septiembre, con lo que el alquiler medio de una vivienda en Barakaldo se situó en los 725 euros», ha subrayado.

«Frente a unas viviendas en alquiler inaccesibles, nos encontramos con un precio del metro cuadrado inalcanzable para las familias, y es que según el INE el precio del metro cuadrado es de 1.818 euros», ha apuntado.

Asimismo, ha dicho que un reciente recuento realizado por el Gobierno de Lakua dentro del «Estudio sobre la situación de las personas en situación de exclusión residencial grave en el País Vasco» refleja que hay 16 personas viviendo en las calles de Barakaldo, «siete más que hace tres años».

Por eso, los colectivos sociales y sindicales han solicitado el cumplimiento del derecho de todas las personas a una vivienda digna, «además de paralizar todos los recortes contemplados en el 'Decreto de Vivienda' en la prestaciones para el acceso a una vivienda, y de los desahucios de las viviendas públicas en alquiler de manera inmediata y definitiva»; y la suspensión de los desahucios en el seno de los órganos en los que están representados los grupos políticos del Ayuntamiento de Barakaldo.

También han demandado apostar por la vivienda en alquiler social; la dotación de un parque de viviendas municipales para el realojo inmediato de las familias desahuciadas e incrementar la partida presupuestaria destinada a las Ayudas de Emergencia Social, «a la vez que se eliminan los recortes aplicados al acceso y cuantías de estas prestaciones».