El escrito, ha informado el Ayuntamiento de Iruñea en un comunicado, reitera el riesgo de fuga motivado por la gravedad de las penas impuestas (nueve años de prisión) o por la posibilidad de su incremento por los recursos a la sentencia presentados ante el TSJN, entre otras causas.
Además, el Consistorio iruindarra insiste en que sigue existiendo el riesgo de reiteración delictiva.

«El hecho de la notoriedad y conocimiento general del aspecto físico de los condenados no supone ninguna garantía en el caso de unas personas condenadas por delitos contra la libertad sexual y que se encuentran incursos en otro procedimiento por hechos semejantes, ya que este tipo de delitos se producen en un marco de ocultamiento y clandestinidad», subraya en Ayuntamiento iruindarra.

El recurso señala también que la situación de libertad provisional decretada facilita que los condenados puedan actuar contra bienes jurídicos de la victima, sin que el hecho de que residan a 500 kilómetros o se haya decretado la prohibición de acceder a la Comunidad de Madrid garanticen sus derechos, ya que «ciertas intromisiones pueden realizarse con independencia y por medios que nada tienen que ver con la distancia física».