Laurence BOUTREUX Provincia de Málaga

El «Yo acuso» de las temporeras marroquíes

Han dejado a sus hijos en Marruecos para ir a recoger fresas a España: diez temporeras marroquíes afirman, en declaraciones a AFP, haber aguantado ritmos de trabajo muy duros, casos de acoso sexual y un intento de violación, acusaciones que han suscitado una viva polémica en Andalucía.

Sus denuncias han sido ferozmente rechazadas en el seno de la importante empresa Doñana 1998, que les ha dado empleo en Almonte (Huelva), donde se les acusa de haber «montado» este escándalo para poder quedarse en España.

Cinco de ellas han presentado denuncia y las otras cinco aseguran que harán lo mismo. Se encuentran refugiadas en una casa de la provincia de Málaga, invitadas por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que les respalda.

Llegadas de Errachidia, Bouarfa, Berkane, Garsif o Xauen, todas estas mujeres de 23 a 25 años de edad, de mirada triste, son madres de niños pequeños: una condición impuesta para su reclutamiento para asegurar que vuelvan a su país al finalizar la temporada.

Una de ellas invoca «la pobreza» que la empujó a partir a recoger fresas un mes después de haber dado a luz a su último hijo. Otra, embarazada de cinco meses cuando llegó a finales de abril, esperaba «pagar una operación» a su hijo con el dinero ganado.

Forman parte de las 16.000 marroquíes que vienen a recolectar los frutos rojos con un contrato firmado en su país. «Pero lo que pone en el contrato no tiene nada que ver con la realidad», sostiene desde el anonimato Layla [los nombres han sido cambiados en el reportaje], de 31 años.

«Nadie nos defendió como mujeres»

La de más edad, Adiba, 35 años, explica que «el trabajo era muy duro a causa del ritmo impuesto». «El contrato preveía seis horas y media de trabajo por día, pagadas a 39-40 euros, con un día de descanso a la semana. Pero nos dijeron que esta era la segunda cosecha y que nos pagarían según el rendimiento: 75 céntimos por la caja de 5 kilos».

«Tenías que recoger las fresas muy, muy deprisa; si no, te sancionaban privándote de trabajar durante varios días», comenta, lamentando que «solo» ha trabajado 23 días después de haberse endeudado para pagar el pasaporte, el visado y otros trámites para obtener el contrato de tres meses.

La provisión de una vivienda gratuita también estaba contemplada «pero dormíamos seis en uno de esos prefabricados», muy rudimentarios, instalados junto a los invernaderos, explica Adiba, y «nos descontaban tres euros por día» por este concepto. «Analfabetas, estas mujeres firman lo que se les dice y no reclaman nada; entre ellas dicen: ‘tú quédate callada si quieres volver el próximo año’», añade.

Charifa, 23 años, estalla en lágrimas cuando dice: «nadie nos defendió como mujeres», asegurando que el patrón «ofreció 50 euros por mantener relaciones [sexuales]».

El silencio se hace pesado cuando Fadila, 29 años, recuerda el día en que pensó que podía aceptar que «el jefe» la llevase en el coche: «Tuve que luchar con él en el asiento delantero, me abrazó a la fuerza, me besó, me tocó los senos y…», dice sin poder continuar el relato.

Ya que las víctimas de abuso sexual pueden ser condenadas al ostracismo en Marruecos, una mujer divorciada murmura, muy angustiada: «Yo puedo olvidar todo, puedo superarlo todo, pero no que mi marido me quite la custodia de los hijos».

«Queremos justicia, que las autoridades de Marruecos no envíen aquí a más mujeres en estas condiciones, y poder regresar con la cabeza alta», concluye Houda, 33 años.

Contratada por la misma empresa, otra temporera marroquí ha presentado un texto desmintiendo categóricamente las acusaciones que pesan sobre la compañía que emplea a cientos de marroquíes cada año. Suscrita por 131 compatriotas, esta contradenuncia fue registrada en una comisaría.

Durante una entrevista radiofónica, uno de los directivos de Doñana 1998, Manuel Matos, acusó al SAT de haber manipulado a las mujeres por razones políticas y de haberles «prometido papeles» a cambio de «las mentiras».

La empresa no ha querido responder a las cuestiones planteadas por AFP y uno de sus representantes se limitó a asegurar por teléfono que «todo está absolutamente en conformidad con las normas».