El titular del Juzgado de Instrucción Número 4 emitió ayer un escrito aclarando su decisión de archivar la causa abierta por la okupación del Palacio del Marqués de Rozalejo, donde hoy pervive el gaztetxe Maravillas. El juez decidió dar carpetazo al caso un día después de haber ordenado un desalojo cautelar, ejecutado por Policía Foral, que solo consiguió expulsar a los okupas durante unas horas.

En la providencia emitida ayer, el juez sostiene que el Gobierno de Nafarroa le solicitó la suspensión sin fecha del desalojo tras procederse la reokupación. El Gobierno alegó haber avanzado en el proyecto a realizar en ese inmueble, así como posible riesgos de alteraciones en el orden público y la seguridad ciudadana. A resultas de la inconcreción de la petición, el juez entiende que el Gobierno tolera la okupación.

Asimismo, la providencia indica que el Gobierno opta por tolerar la presencia de okupas a sabiendas de existían ciertos riesgos, como el de incendio por la instalación eléctrica, así como ciertos daños en el edificio debido a las construcciones levantadas para la resistencia (cuya afección principal se daría en el tejado del inmueble).

Por todo ello, y a expensas de que pueda haber un recurso contra este archivo, el juez entiende que «el mantenimiento de los edificios públicos y la evitación de los riesgos derivados de su uso no es responsabilidad de la jurisdicción penal» y aboca a que el conflicto se resuelva por la vía administrativa. Según fuentes jurídicas consultadas por GARA, al tramitarse la situación por la vía civil se entraría en el ámbito de actuación de la conocida como Ley Mordaza.

Así pues, aunque un eventual proceso sancionador no trataría a los implicados como delincuentes, eso no exime del riesgo de que de los sucesos de este pasado fin de semana se deriven cuantiosas multas.