La dirección de la Naval ya ha presentado el ERE de extinción para los 177 trabajadores de la plantilla, por lo que el proceso de cierre va siguiendo los pasos marcados en el plan de liquidación de la empresa. Mientras, se apuran las negociaciones con el armador holandés Van Oord para intentar que este decida terminar la draga Alexia en el astillero de Sestao y, al mismo tiempo, se busca un inversor privado que compre la firma.

En este contexto, el comité de empresa y la consejera Arantxa Tapia se reunieron ayer en la sede de la Spri en Bilbo, que está ubicada en el Edificio Plaza Bizkaia, mientras fuera una concentración de trabajadores gritaba «Lehendakari, vete tú a Cádiz» (donde pueden ser trasladados 150 trabajadores de La Naval si se recolocaran en Navantia), tal como recogió Efe. Tras media hora de tensa reunión, la consejera se levantó de la mesa y la dio por finalizada, según el secretario del comité, Juanjo Llordén, porque «se ha enfadado» al preguntarle cosas para las que no tenía respuesta.

«No me han hecho una pregunta, me han dicho que lo único que me interesa es tener el titular de que el astillero no se cierra, y ante esa situación me he levantado de la mesa porque eso no lo voy a admitir», replicó posteriormente la consejera.

Mientras la situación se complica, se trabaja en dos vías de actuación: una, la «prioritaria, porque permitiría ganar tiempo», son las negociaciones con Van Oord para que la draga Alexia, de la que ya se ha realizado el casco y que ahora es propiedad de los bancos, se termine en el astillero de Ezkerraldea.

Tapia comentó que las negociaciones con Van Oord son «tensas», pero matizó que, de momento, «el armador no se ha levantado de la mesa», por lo que queda «esperanza, aunque la situación es muy compleja». Tapia no quiso poner ninguna fecha límite como pedía el comité, para ofrecer el «confort suficiente al armador» y evitar darle un «ultimátum».

Inversión pública

La otra línea de trabajo es buscar un inversor privado que se haga cargo del astillero. Según la consejera, hay inversores privados que se han interesado, «inversores con garantías de seriedad y de funcionamiento a futuro que nos permiten decir que ese interés podría materializarse, pero a día de hoy aún es muy temprano».

En cambio, para el comité la solución no es un inversor privado sino un rescate público, «que el Gobierno central nos compre». El comité está buscando informes para demostrar que eso es legal en un plan de liquidación. «El 88 por ciento de la plantilla tiene derecho a reincorporarse a Navantia (que es una sociedad pública estatal), ¿no será más fácil que el Gobierno central nos compre que 150 familias tengan que irse al exilio?», se preguntó Llordén.

A este respecto, la consejera anunció que presentará el próximo martes un informe, que enviará al Parlamento de Gasteiz y al comité de empresa, según el cual en el proceso de liquidación un gobierno podría comprar como mucho hasta el 50 por ciento del astillero. «Por tanto, necesitamos un inversor privado», insistió.

«La única realidad –destacó el portavoz del comité– es que nosotros a partir de mañana (por este 1 de noviembre) no cobramos, y el tiempo se acaba. Han tenido un año para buscar inversores y llegar a un acuerdo con Van Oord; no sé si habrán trabajado mucho o poco, pero resultados, ninguno».

En este punto, la consejera de Desarrollo Económico acercó posturas con los representantes de la plantilla: «Entiendo que es un día complicado, que ya no se garantizan los salarios y que pasan a un ERE, y que eso provoca mucha tensión».

Juntas Generales

Este asunto también se abordó ayer en el pleno de control que las Juntas Generales de Bizkaia celebraron en Gerediaga. En respuesta a una interpelación de Podemos, el diputado foral de Desarrollo Económico, Imanol Pradales, apoyó el trabajo que viene realizando el Gobierno de Iñigo Urkullu junto con el Ministerio español de Industria.

Por su parte, Josean Elgezabal (Podemos) resaltó que este problema proviene de «una mala gestión pública y privada», por lo que la solución que plantea su grupo es el «rescate público».