Nohemí Pérez Borjas lleva prácticamente toda su vida dedicada a la defensa de los derechos humanos y a la denuncia de su vulneración en Honduras. Los últimos seis meses –vuelve ya a Honduras– los ha pasado en Euskal Herria acogida por el Programa de Protección Temporal del Gobierno de Lakua y que gestiona CEAR-Euskadi, y su participación en él le ha dado un respiro, no a su activismo sino a la situación de riesgo que vivía en su país debido a la presión continua de las amenazas y las agresiones. Su estancia en territorio vasco le ha servido para tejer y reforzar una amplia red internacional de solidaridad que le va a permitir volver con mayor fortaleza y seguridad.

Víctima directa del «terrorismo de Estado», su activismo nació en la pasada década de los 80. La desaparición forzada de su hermano Samuel el 24 de enero de 1982, cuando ella tenía 14 años, marcó su vida y la de su familia y le convirtió «de golpe» en una mujer. Samuel volvía junto a otros cuatro jóvenes de realizar un curso sobre derechos humanos en Cuba. Se enteraron por casualidad cuando un domingo mientras su padre seguía un partido de fútbol por la radio escuchó al entonces fundador y presidente del Comité por los Derechos Humanos de Honduras (Codeh) denunciar esas desapariciones. De regreso desde Costa Rica fueron bajados del autobús en el que iban a cruzar la frontera entre Nicaragua y Honduras por de Guasaule y llevados a la entonces Dirección Nacional de Investigación. Nunca más se les volvió a ver.

La búsqueda de información fue totalmente infructuosa, pero sirvió para que familias en la misma situación se encontraran y parieran, en noviembre de ese mismo año, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), producto de «los crímenes de lesa Humanidad cometidos en la década de los 80 en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional implementada por EEUU en Honduras» –para muchos, una república «alquilada» al imperio del norte– a raíz de la instalación, al norte de Comayagua, de la base militar de Palmerola para «apoderarse del territorio».

Desde entonces, 36 años de lucha constante exigiendo verdad, justicia, reparación y no repetición, además de que el Gobierno informe de lo ocurrido con sus familiares desaparecidos e identifique a los responsables, en un país donde, recuerda, «el nivel de impunidad supera el 90% y el de corrupción nunca ha sido tan elevado». Una lucha, la de su organización, para no olvidar, para mantener la memoria y exigir una verdad y una justicia que aunque tarda, llegará. De eso está convencida.

184 desaparecidos oficiales

«No tememos al terrorismo de Estado, hemos aprendido a enfrentarnos a él con nuestra lucha y nuestra valentía», afirma Nohemí Pérez, que recuerda que no todos los casos de desaparición forzada –el Cofadeh tiene en sus listas 184 desaparecidos, oficiales, aunque cree que hay más– son de hondureños, ya que muchos centroamericanos llegaron a Honduras en busca de refugio cuando sus respectivos países vivían conflictos armados. Entonces, la violencia del Estado tenía motivación política, «hoy en día se dirige contra cualquier tipo de activismo, ya sea político, social, medioambiental…». La oposición y la juventud son sus principales objetivos desde 2009. Desde entonces, los sucesivos gobiernos han militarizado la seguridad pública, «profundizado la pobreza y criminalizado la protesta social».

Pérez es contundente cuando asegura que Honduras «vive una dictadura» desde que en 2009 un golpe de Estado derrocara a Manuel Zelaya.

De aquellas tempestades estos lodos. Los mismos que han llevado a miles de hondureños a arriesgarse en una travesía hacia EEUU, cruzando a pie la mayor parte de territorio de Guatemala y de México, para huir de la pobreza, el hambre y la inseguridad. Los tres lacras que castigan a la ciudadanía hondureña. Entre mediados de octubre y finales de noviembre se estima que «han salido del país 17.000 personas, cuando lo normal era que diariamente salieran entre 10 y 15 personas».

«Huyen del hambre, de la pobreza, de la falta de empleo y de la inseguridad, y también de las maras. Existe crimen organizado que es parte del Estado», sostiene la activista hondureña, que asegura que «en Honduras ya no se puede vivir. El Estado ha entregado el país a las transnacionales». Pone un ejemplo: una nueva ley no permite a una persona trabajar ocho horas diarias para no tener que pagar el salario mínimo.

Niega que la caravana de migrantes que partió el 13 de octubre de San Pedro Sula con destino a EEUU sea una iniciativa impulsada y financiada por Zelaya y la oposición, y minimiza el impacto que la amenaza de Donald Trump de retirar las ayudas a Honduras. Unas ayudas que, subraya, «no llegan jamás a la ciudadanía», solo se destinan al ámbito militar. «Es triste, porque en Honduras sigue habiendo miseria. EEUU envía dinero, pero no hay para medicinas ni para educación, solo para comprar armas. Parece –afirma– que estuviéramos en guerra permanente». Y Honduras es el segundo país más pobre de América Latina, con un 68,8% de su población viviendo en la pobreza y un 44,2% en la pobreza extrema.

«En 2017, EEUU dio a Honduras 151 millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? También la Unión Europea envió dinero. ¿Dónde está? A nosotros nos piden cuentas, nos evalúan… pero ¿quién evalúa al Estado? Esos países y organismos deberían controlar en qué se gasta el dinero», denuncia.

Es una de las razones que, para Nohemí Pérez, explica los altos índices de corrupción. «Ser cargo público es un lujo», dice.

De vuelta a los 80

Una situación que se ha agravado desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, que supuso «la ruptura del orden constitucional» y la instauración de la «dictadura» a través de «fraudulentos» procesos electorales. El último, el 26 de noviembre de 2017, cuando fue reelegido Juan Orlando Hernández (JOH), que gobierna después de haber saqueado las arcas del Estado para financiarse su campaña y gracias al apoyo de «una élite empresarial empoderada con armas», tras un «indignante y claro fraude durante el recuento de los votos» que no impidió que su victoria fuera finalmente reconocida internacionalmente. Un régimen que, asegura, ha supuesto un empeoramiento de la situación y «ha llevado al país de vuelta a los 80 en materia de vulneración de los derechos humanos».

Ahora «se ha intensificado la impunidad y la criminalización de las organizaciones sociales de defensa de los derechos humanos y también de defensa del territorio y del medio ambiente, con más muertos, desaparecidos, exiliados y más presos políticos», y una de cuyas víctimas más destacadas ha sido Berta Cáceres. Precisamente el juicio contra los autores materiales, «que no intelectuales», de su muerte arrancó en Honduras mientras Nohemí Pérez se estaba en Euskal Herria. Un juicio, según sus palabras, «manejado impunemente, sin transparencia, verdad ni independencia», porque «al Estado no le conviene ya que entre los criminales hay gente muy afín a él». «Las transnacionales han entrado a Honduras con el aval del Estado y el Estado hace lo que ellas dicen», denuncia.

En 2015 se aprobó la ley de protección para defensores, periodistas y operadores de Justicia, pero la criminalización y persecución continúa. «Entre 2016 y 2018 se han producido 600 ataques contra defensores de derechos humanos, entre ellos 39 asesinatos, 33 atentados, 27 agresiones, 38 desplazados por la inseguridad, 77 campañas de desprestigio a defen- sores, más de 80 víctimas de persecución política por parte del Estado, más de 300 amenazados y más de 400 criminalizados, muchos por tratar de recuperar sus tierras usurpadas».

Pero afirma que el hondureño «es ahora un pueblo empoderado en resistencia, que exige sus derechos y exige al Estado que ponga fin a la criminalización y dé respuesta a tanta impunidad y corrupción». Un pueblo que se niega a dialogar con la dictadura, en el proceso abierto por el Gobierno, porque «eso supondría su aceptación».

«El país estaba cambiando»

Pérez sostiene que con Zelaya el país estaba cambiando. «Hubo avances sociales, alianzas con otros países para intercambio de productos y se empezó a meter miedo al pueblo diciéndole que los movimientos sociales y Zelaya estaban entregando Honduras a Venezuela y a Cuba y que los niños iban a ser llevados a esos países y que nos iban a quitar nuestras casas… La gente se lo creyó y se produjo el golpe de Estado contra Zelaya», explica. Tenía previsto, incluso, que las familias de víctimas de violaciones de los derechos humanos recibieran una reparación, «y eso causó una revuelta y acusaciones de que los familiares se iban a hacer con millones de lempiras». «Mi madre –lamenta– murió (un mes antes del golpe) de pena moral por esas campañas de desprestigio».

Durante ocho meses la ciudadanía salió a las calles para exigir el retorno del orden constitucional y que Zelaya terminara su mandato, pero no fue así.

Casi diez años después, tras las últimas elecciones, el pueblo, con los estudiantes al frente, «sigue en resistencia permanente» contra el régimen de JOH, que «entrena a los soldados en el odio y para matar». Porque son quienes mantienen la resistencia y porque los quiere «ignorantes para que no reclamen sus derechos», el Estado «odia a los jóvenes y envía a los paramilitares y escuadrones de la muerte contra ellos y nosotros, los defensores de los derechos humanos, somos sus enemigos». «La Doctrina de Seguridad Nacional implementada por EEUU en los años 80 se mantiene, ahí está», subraya.

Sin embargo, y a pesar de denuncia que «los responsables de las desapariciones y de escuadrones de la muerte, como Willy Joya, están ahí y son asesores del presidente, ocupan cargos públicos...», se muestra optimista y no pierde la esperanza de que algún día todos los responsables de delitos de lesa humanidad sean juzgados.

Durante estos años el Cofadeh ha conseguido once sentencias a su favor de la Corte Interamericana de Derechos Huma- nos, ha llevado a cabo 16 procesos de exhumación, con resultado de once identificaciones, y está impulsando un banco de ADN y la Ruta de la Memoria Histórica que recorre los cementerios clandestinos donde arrojaban a las víctimas de la represión en los años 80 y que han sido descubiertos gracias a testigos a los que el miedo acalló durante décadas.

«No todo son tristezas», subraya Nohemí Pérez, que cada primer viernes de mes realiza junto a familiares de víctimas, con sus pañuelos blancos, un plantón en la Plaza de los Desaparecidos (Plaza de la Merced) de Tegucigalpa para exigir respuestas al Estado. «Sigan adelante, no desmayen, han jugado un papel muy importante en el país, nos dicen quienes se acercan a nosotros, y eso nos da mucha fuerza», concluye.