«1.- Con efectos desde el 1 de enero de 2019, las retribuciones anuales íntegras del personal al servicio de las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi no sujeto a régimen laboral, así como del lehendakari, consejeros y consejeras, altos cargos y asimilados, personal eventual y personal directivo, se incrementarán un 2,25% con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018».

Esta es la primera medida del «proyecto de ley de medidas presupuestarias urgentes para el ejercicio 2019» que ayer aprobó el Gobierno de Urkullu y que pretende que el Parlamento asuma por lectura única, es decir, en una sola votación y sin la posibilidad de que los grupos de la oposición puedan presentar enmiendas.

Desde el Ejecutivo se ha hecho mucho hincapié en la necesidad de subir el sueldo a los trabajadores de la Administración pública, a la que ningún grupo de la oposición podría oponerse y, de hecho, ninguno se oponía. No han destacado en ningún caso que eso incluía sus propios sueldos.

«Zazpiak bat» legislativo

Se había hecho público que el proyecto de lectura única recogería tres puntos distintos del proyecto presupuestario, pero en realidad son siete.

Esa suerte de «zazpiak bat» legislativo agrupa la subida salarial de funcionarios y Gobierno, una actualización de la RGI, incremento de los módulos de la educación concertada, el presupuesto del Parlamento Vasco, la partida de la UPV-EHU, fijación de tasas y la derogación de la reducción del 5% a las ayudas para la conciliación familiar y social que se habían impuesto desde hace unos años.

En total, los cambios suponen un incremento de 246.887.299 euros sobre la prórroga provocada por el Gobierno de Urkullu al retirar el proyecto de presupuesto de 2019.

Subida del 3,6% a la concertada

La nota de prensa del Consejo de Gobierno entregada a los medios recoge que este proyecto de ley incluye una actualización de los componentes de personal para los centros concertados que ya estaba prevista en el proyecto de presupuestos de 2019, y la cifra en el 2,25%, similar al de los profesores de la enseñanza pública.

Sin embargo, los números no concuerdan con esta afirmación. Los módulos recogidos en el Anexo 1 que figuran en la ley suponen una subida del 3,6% con respecto a las cifras fijadas en el BOPV del 3 de setiembre de 2018 para el curso 2018-2019. Por ejemplo, el módulo para Educación Infantil es en total de 67.708,85 euros por clase, mientras que en la orden departamental para este curso era de 65.330,19 euros por clase.

El Gobierno asegura también que la subida es la que «ya estaba prevista en el proyecto de presupuesto de 2019». En ese proyecto la previsión para el gasto de personal docente en Educación Infantil era de 57.594,12 euros. En el actual proyecto de ley es de 58.867,92 euros. Eso supone una subida del 2,21% con respecto al proyecto de presupuesto.

Incremento del 3,5% de la RGI

En el proyecto de presupuesto de 2019, el Gobierno había previsto una subida del 2,25% de la RGI. Tras la negociación mantenida con EH Bildu antes de retirar ese propuesta, ahora plantea una subida del 3,5% para el conjunto de perceptores y de hasta el 4,5% para los pensionistas, que fue rechazada entonces.

Porque en 2011 el Gobierno de Patxi López incluyó en los presupuestos una rebaja del 7% sobre la cantidad legal en la RGI. Se preveía recuperar esa cantidad en 2013, pero Iñigo Urkullu la mantuvo. Luego, además, en 2016, cuando Rajoy subió un 8% el SMI, desligó la RGI del salario mínimo, que era lo legal. Según este proyecto de ley la percepción mensual será de 667,05 euros, mientras que ahora debería ser ya de 924 euros.

La Mesa del Parlamento solicita un informe júridico sobre el trámite, a petición de EH Bildu

La Mesa del Parlamento decidió ayer, a instancias de EH Bildu, solicitar a los servicios jurídicos de la Cámara un informe sobre la intención del Gobierno de que hasta siete decisiones diferentes tengan que ser votadas conjuntamente en un mismo proyecto de ley y, además, sin la posibilidad de presentar enmiendas. La respuesta deberá estar preparada para la reunión de la Mesa del próximo martes.

EH Bildu entiende que este paso posibilita al Gobierno de Urkullu «dejar de lado las imposiciones y tramitar la ley de un modo más democrático, reconociendo el derecho de los grupos de la oposición a presentar enmiendas y abriendo la puerta a la negociación».

Todos los grupos de la oposición se han quejado de que el Gobierno haya presentado distintas iniciativas en un mismo proyecto, cuando cada uno de ellos podría coincidir en varios de estos puntos pero discrepar en otros, con lo que lo natural sería tramitarlos por separado o permitir la presentación de enmiendas.

Por contra, el Gobierno asegura que los contenidos de la misma son lo «suficiente homogéneos» y que incluirlos en un único texto «tiene toda la lógica del mundo».

El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, reconoció también ayer que el Gobierno, a pesar de estar en minoría en el Parlamento, no ha negociado este proyecto de ley con la oposición, limitándose a haberles informado de su contenido. A su entender, no hay motivos para que ninguno se oponga a él. Pero, según informó la Cadena Ser, el PP ha anunciado ya que votará en contra del proyecto y lo ha hecho con una posición firme en referencia a la educación concertada y la RGI.I.I.