Se trata de las materias de productos farmacéuticos, seguro escolar, ayudas a la jubilación de trabajadores afectados por EREs, transporte ferroviario en línea de cercanías y Feve, escuelas viajeras, centros de estudio y experimentación y obras públicas, y administración institucional e innovación tecnológica.

Este es el primer paquete de competencias pendientes que ambas administraciones negociarán con el objetivo, en principio, de que se puedan concretar antes del mes de abril. En total, el calendario recoge 33 transferencias, incluida la de prisiones, pero deja fuera del proceso negociador la de la gestión económica de la Seguridad Social.

El Departamento español de Política Territorial y Función Pública se encuentra, en estos momentos, recabando informes de los diferentes ministerios que en la actualidad tienen esas siete primeras competencias a traspasar. En ellos se hará un desglose de los medios, el número de funcionarios y las funciones que supone cada transferencia. Posteriormente, será el Ministerio de Hacienda el que realice la valoración económica que suponen.

Con estos datos, durante la primera quincena de febrero, se presentará la propuesta al Gobierno de Lakua. En caso de que haya un acuerdo entre ambas partes, se llevará al plenario de la Comisión Mixta. Si existen discrepancias, se abrirán ponencias para trabajar en ellas hasta que se llegue a consensos, con reuniones técnicas. Una vez que se logre el acuerdo final en cada una de las transferencias, se convocará la comisión mixta para certificarlo.

Se prevé que estos primeros acuerdos puedan alcanzarse antes de abril. En ese mes, comenzaría el intercambio de propuestas sobre el segundo bloque de competencias a transferir. El tercer grupo, que incluirá la de prisiones, se abordaría en julio. Según el calendario del Ejecutivo español, el acuerdo global podría producirse en enero del año 2020.