Es una imagen icónica, el reflejo de una época que por entonces apenas estaba presentando sus credenciales. Ganó el premio World Press Photo de 2008 y muestra a una persona uniformada y armada en un espacio arrasado. Parecía haber sido tomada en una guerra, pero en realidad mostraba un hecho que empezaba a hacerse común. Aquella fotografía de Anthony Suau de un agente de Policía registrando la casa de una familia desahuciada en Cleveland era una pista de que el derecho a la vivienda iba a ser uno de los grandes damnificados de aquello que llamaron crisis. Luego, en la última década hemos hablado y escrito mucho de ese derecho y de la imposibilidad de acceder a él, de los desahucios y el drama que les acompaña, también de gentrificación, de especulación, y de turistificación. De vivienda, de algo que ha pasado de ser un derecho a ser un problema, un muro que separa a las personas: los que tienen techo están a un lado, quienes no pueden, al otro.

Ocurre en casi todas las partes del mundo, pero en Berlín han decidido que ya basta. Tienen motivo para plantarse. Los alquileres no dejan de aumentar en una ciudad que ejerce de imán para inversores de todo pelaje y procedencia y donde la mayoría de sus habitantes no son dueños de sus hogares; el 85% de las viviendas están arrendadas.

Y es que durante años la Administración ha vendido gran parte de la vivienda de titularidad pública, y los grandes propietarios no han dejado pasar la oportunidad de sacar rendimiento a un mercado pujante, donde los precios han aumentado más que en ninguna otra urbe europea. Y aunque todavía no han alcanzado las cifras de Munich, Hamburgo o Stuttgart, también es verdad que el salario medio berlinés es más bajo. Deutsche Bank proyecta que la capital va a pasar a ser una de las ciudades más caras de Europa en poco tiempo, y los números no le cuadran a la gente. De modo que tras esta espiral privatizadora, ahora llega la resaca, y lo hace en forma de propuestas que podrían provocar una auténtica revolución.

De la recompra a la expropiación

El debate lleva abierto desde hace tiempo, pero ha cobrado vigencia gracias a la lucha emprendida por los residentes de una de las principales arterias de la ciudad, la emblemática avenida Karl Marx. La chispa saltó en otoño, cuando los inquilinos en régimen de alquiler de 680 apartamentos descubrieron que sus viviendas iban a ser vendidas a una empresa de alquiler llamada Deutsche Wohnen, que había echado el ojo a los inmuebles de este enclave del este berlinés construido en los años 50, un lugar muy atractivo para quien desee residir en la capital germana.

Esa compañía, según explica el medio digital citylab.com, es propietaria de 110.000 apartamentos en la ciudad, y tiene merecida fama de elevar los alquileres de forma drástica aprovechando vacíos legales en esta materia. Por ello, los vecinos y vecinas de la avenida Karl Marx temen que en caso de que la compra se ejecute muchos de ellos se van a ver abocados a abandonar sus hogares. Y lejos de resignarse han optado por pelear. Así, además de vestir ventanas y balcones con pancartas de denuncia, los inquilinos han instado a las autoridades locales a hacer algo para detener la venta y asegurar que sus alquileres se mantengan en márgenes razonables. Y lo cierto es que la administración ha respondido al envido, y hace sólo unos días el Senado de Berlín –órgano ejecutivo que gobierna la ciudad/estado– ha anunciado su intención de comprar tres edificios, un total de 316 apartamentos. Asimismo, el distrito local de Friedrichschain-Kreuzberg se hará con la titularidad de un cuarto inmueble de la zona (80 apartamentos), de modo que la mayoría de los pisos en venta se convertirán en propiedad pública. La operación tendrá un coste de cien millones de euros, que se recuperarán con el pago de los alquileres.

Se trata sin duda de una importante inversión, pero una vez abierto el melón del debate, muchos ciudadanos quieren profundizar en él, y recuerdan que la gran mayoría de edificios que Deutsche Wohnen posee en la ciudad habían sido públicos y fueron vendidos por el Estado. Y en un contexto de alquileres desbocados se están empezando a lamentar de aquella operación y a exigir que sea revertida. Cabalgando esa ola, el alcalde de Berlín, Michael Müller, prometió en enero recomprar 50.000 viviendas, aunque no ha concretado cómo piensa hacerlo. Y algunos colectivos sociales ya han expresado su deseo de que esa medida sea extendida a todas las firmas que sean propietarias de más de tres mil inmuebles, una propuesta que quieren que sea sometida a referéndum.

Llevar a cabo un referéndum es un proceso complicado, aunque legal y viable. Es necesario recabar la firma de un 7% del censo en un plazo de cuatro meses. No es un listón insuperable, hay precedentes: en 2014 los berlineses votaron contra la cesión de terrenos públicos en el antiguo aeropuerto de Tempelhof para la construcción de viviendas, porque no eran asequibles. Y la propuesta de prohibir que haya grandes propietarios cuenta con gran apoyo social: un sondeo reciente señala que el 44% de los habitantes está a favor, por un 39% en contra.

De hecho, también hay quien plantea directamente la expropiación de los inmuebles y se ha conformado un colectivo ad hoc para lograr ese objetivo. Uno de sus promotores es Rouzbeh Taheri, un activista social de origen iraní que estuvo vinculado a Die Linke y que ahora está volcado en esta iniciativa. Parte del principio de que hay bienes básicos –agua, electricidad, educación, sanidad y vivienda– que deben ser accesibles para todas las personas, sin excepción, y a mediados de enero explicaba en vaaju.com que su objetivo es «plantar una señal de stop al capital especulativo». «No puede ser que compañías tan grandes tengan cada vez una mayor influencia y que estén aumentando las rentas. El Estado tiene el deber de proporcionar vivienda, porque la vivienda es un derecho humano», valoraba, y cuando le preguntaban por la idoneidad de una medida tan contundente respondía que «una realidad radical exige soluciones radicales».

Las «órdenes de protección»

Aunque la diana se centra en ellas, esta revuelta no afecta sólo a las empresas más grandes. Algunos distritos de Berlín llevan tiempo comprando edificios en riesgo de subidas abusivas de renta, y en muchos casos las propietarias eran firmas pequeñas e incluso particulares. El sistema utilizado se llama Vorverkaufsrecht o «derecho de compra anticipada», funciona a través de “órdenes de protección” para vecindarios donde los alquileres estén creciendo de forma inusualmente rápida y pretende evitar el desplazamiento de los residentes de bajos ingresos. Esas órdenes conceden a las autoridades el derecho a intervenir cualquier edificio y a convertirlo en propiedad pública, aunque deberá acreditar el riesgo de que un nuevo dueño subirá sobremanera el alquiler.

Comprar todos los inmuebles en peligro puede resultar muy costoso, pero no es necesario. Un municipio también puede no adquirir un edificio pero sí lograr que el nuevo propietario se comprometa a no aumentar el alquiler por encima de la inflación y a no especular con él. El distrito berlinés de Friedrichschain-Kreuzberg está siendo el más activo en este proceso, ya que en dos años ha comprado quince edificios, y ha logrado que los propietarios de otros veinticinco firmen acuerdos. De esta forma, el stock de vivienda pública ya suma el 26% de los hogares. «Supongamos que queremos aumentar la cantidad de apartamentos bajo control público en 30.000 en veinte años», expone a citylab.com Florian Schmidt, responsable del Departamento de Construcción y Planificación del distrito, «si compramos la mitad y conseguimos acuerdos para el resto, necesitamos dinero para comprar 15.000, 750 al año. Podemos hacerlo. Este año ya hemos acordado comprar 460, y estamos en febrero». Esta política, además, disuade a los especuladores, uno de sus objetivos. «Si hacemos la vida más difícil a los inversores privados, puede tener como efecto que baje el precio», explica. Y esto, además de poner en valor la función social de la política, es música para los oídos de muchas personas.

Congelar el alquiler, otra propuesta con gran respaldo

Entre las ideas expuestas para hacer frente al alza de los alquileres, el SPD, que gobierna en Berlín en coalición con Die Linke y los Verdes, ha propuesto que se fije un “techo” en las zonas donde el precio esté subiendo de forma desmesurada, una cláusula que impida cualquier aumento del alquiler, tanto para contratos nuevos como para los ya existentes, en los cinco años posteriores a su implementación. Se trata de una idea que ha sido muy bien recibida por la ciudadanía, y lo ha hecho en todos los espacios ideológicos. En un sondeo reciente, dos tercios de los encuestados dijeron apoyar la medida, un respaldo que también es mayoritario entre los votantes del CDU –partido de Angela Merkel– y el AfD de extrema derecha. El problema aquí es de ámbito competencial, ya que según el servicio asesor del Parlamento alemán la congelación de alquileres en una ciudad no es una competencia local y sólo puede ser aprobada por la Cámara federal. Es un obstáculo, pero no le resta importancia al deseo mayoritario de la sociedad de poner coto al poder de los grandes especuladores.I.B.