De esta manera la normativa en la materia, que regulaba las hojas de reclamaciones, se adapta al ordenamiento europeo y estatal, donde se indica que las empresas pondrán a disposición de las personas consumidoras y usuarias información sobre la dirección postal, número de teléfono y dirección de correo electrónico en los que se pueden interponer quejas y reclamaciones, o solicitar información sobre los bienes o servicios ofertados o contratados.

Las empresas deberán asimismo comunicar su dirección legal si no coincide con la dirección habitual para la correspondencia.

Por lo que respecta a las respuestas a las reclamaciones, el decreto determina que estas se deberán realizar en el tiempo más breve posible y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde la presentación de la reclamación.

Por otra parte, en la misma sesión, el Ejecutivo ha aprobado un segundo decreto que permite a las personas encargadas de bibliotecas en Iruñea poder trasladarse a otras dentro de la capital, lo que les equipara al personal de Educación, la Agencia para la Autonomía de las Personas, el Servicio Navarro de Empleo y el Instituto de Deporte y Juventud.