En conferencia de prensa, Aranburu ha declarado que, tras la anterior reforma de la ley en 2017 para que se cobraran las plusvalías solo cuando las mismas se habían producido realmente, se observó que había situaciones muy diferentes.

Una de ellas, ha apuntado, es la de los ciudadanos que habían recurrido el cobro del impuesto a los tribunales administrativos o jurisdiccionales.

La nueva ley obligaba a los jueces a archivar las demandas judiciales y a devolver los casos a los ayuntamientos para que fueran las entidades locales las que hicieran una nueva liquidación.

Sin embargo, ha indicado el consejero, algunos jueces entendieron que había una «invasión de competencias» y recurrieron la ley al Constitucional.

Aranburu ha explicado que ese punto de la ley era «de sentido común» y solo pretendía ayudar al contribuyente que había recurrido para que no tuviera que esperar a la sentencia y se le liquidara el impuesto con la ley ya corregida.