El tribunal del procés ha devuelto la decisión sobre la suspensión de los diputados en prisión preventiva al Congreso y ha insistido en la comunicación que ya le remitió el pasado viernes en la que le informaba sobre la situación de los parlamentarios.

De esta forma ha contestado la Sala al escrito que ayer le envió la presidenta del Congreso español, Meritxell Batet, en el que le trasladaba la responsabilidad de decidir.

El presidente de la Sala Segunda Manuel Marchena dice que «la configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración del informe requerido», puesto que el Congreso ya dispone de un equipo de letrados para tal fin y no es una competencia o tarea que deban hacer los magistrados.

De esta forma, insiste en los argumentos que ya ofreció en su auto de 14 de mayo y «que fue debidamente comunicado a la Cámara» junto a un oficio «a los efectos procedentes», es decir, para que los letrados analicen si procede suspenderles como parlamentarios.

Y se despide recalcando que «la causa penal seguirá su curso y que es misión del tribunal salvaguardar los fines del proceso».