Decenas de personas, «probablemente cientos de ellas», fueron apuñaladas mortalmente con cuchillos y machetes la noche del 9 de noviembre en la región norteña de Tigray, contra la que el Ejecutivo etíope mantiene una ofensiva militar, ha revelado Amnistía Internacional (AI) tras una investigación.

«Hemos confirmado la masacre de un gran número de civiles, quienes serían trabajadores que no participaban de ninguna manera en la ofensiva militar en curso», ha detallado Deprose Muchena, directora de AI para África del este y del sur. Además, a través de imágenes de satélite, ha podido geolocalizar los hechos en la ciudad de Mai-Kadra, en el suroeste de Tigray.

No ha podido confirmar, sin embargo, quién es el responsable de estas muertes. Según testigos, fuerzas leales del Frente de Liberación de Tigray (TPLF) habrían atacado a la población civil después de una derrota frente a las tropas federales. Pero el presidente del TPLF y de la región, Debretsion Gebremichael, negaron cualquier responsabilidad en esa matanza.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha advertido del riesgo de que la situación en Tigray se descontrole totalmente y ha prevenido de que esa supuesta matanza contra civiles, «si se confirma que fue realizada de forma deliberada por una parte en el actual enfrentamiento», podría constituir un crimen de guerra. Pidió una investigación independiente y plena rendición de cuentas.

El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, inició el 4 de noviembre una campaña militar en Tigray tras acusar al TPLF, que monopolizó el poder en Etiopía durante casi tres décadas, de haber cruzado «una línea roja» tras atacar una base militar etíope a fin de robar armas, causando «muertes».

Desde entonces, los combates se han intensificado en Tigray, donde el Gobierno etíope mantiene cortadas las comunicaciones, lo que dificulta confirmar de manera independiente el número real de muertos y heridos en este conflicto.

Crisis humanitaria

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU ha mostrado su preocupación ante la imposibilidad de que trabajadores humanitarios «lleven suministros vitales a la región de Tigray o evalúen las necesidades humanitarias actuales».

Por el momento, Abiy, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2019, se niega a seguir la vía del diálogo para resolver la crisis de Tigray, donde la situación humanitaria ya causa consternación internacional.

Más de 7.000 personas han huido solo esta semana al vecino Sudán, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), mientras que MSF advierte de que antes de la escalada militar «varios cientos de miles de personas, y casi 100.000 refugiados que vivían en Tigray, ya eran dependientes de asistencia humanitaria».

Sudán teme que al menos 100.000 refugiados etíopes crucen a este país «si el ritmo de los enfrentamientos militares no disminuye», indicó el jueves a Efe Abdullah Suleiman, director de la Comisión de Asuntos de Refugiados en el país.

Órdenes de arresto

Abiy Ahmed aseguró anoche que las Fuerzas federales etíopes controlan el oeste de Tigray, tras «liberar» la zona de las «garras del TPLF». Calificó esta toma militar como una «victoria para los civiles inocentes de Mai-Kadra brutalmente masacrados por fuerzas del TPLF esta semana» y reiteró «el derecho total» del Gobierno federal desplegar las Fuerzas de Seguridad a fin de «detener a todos aquellos implicados en una corrupción masiva y graves violaciones de derechos humanos». «La cultura de la impunidad no se convertirá en la norma», sostuvo.

Ayer, el Parlamento de Etiopía retiró la inmunidad a 39 diputados del TPLF, entre ellos Debretsion Gebremichael. Y la Policía etíope ha emitido hoy órdenes de arresto contra cerca de cien altos dirigentes y mandos militares de Tigray, incluido Debretsion.

Además de la presión militar, en su intento de asfixiar al TPLF legalmente, el Ejecutivo de Abiy ha nombrado al secretario de Estado de Ciencia y Educación Superior, Mulu Nega, como jefe del Gobierno provisional en la región tigriña.

El contencioso entre Tigray y el Ejecutivo federal venía agravándose desde hace meses, con el retraso indefinido de las elecciones generales que se debían celebrar en agosto en Etiopía como punto de inflexión. El aplazamiento de los comicios por la pandemia, llevó al TPLF a celebrar en setiembre sus comicios parlamentarios, que Adis Abeba tachó de «ilegales», de ahí que ahora invoque la necesidad de restablecer «el orden constitucional» en esa región.

Además, el 5 de octubre vencía el mandato de Abiy, por lo que e Gobierno tigriña no reconoce la autoridad del Ejecutivo federal.