¿Otra oportunidad para avanzar hacia la inclusión social?
El Foro Económico Mundial ha presentado recientemente un informe en el que analiza once variantes que, a su juicio, pueden hacer avanzar a las economías estatales más desarrolladas hacia «una plena integración social, ambiental e institucional» a corto plazo.

Resulta curioso que una entidad como el Foro de Davos, que surgió allá por 1971 como un club selecto de líderes empresariales y políticos, haya pasado a definirse como «organización internacional para la cooperación público-privada» al tiempo que ha dado entrada en su cita anual en los Alpes suizos a intelectuales y personalidades de la cultura que, al menos en algún momento anterior, han sido críticos con el pensamiento que difunde el propio organismo fundado por el empresario y economista alemán Klaus Schwab.
Pese a esa estrategia de apertura, que incluso da voz al Gobierno de China o a famosas militantes altermundialistas, gran parte del espectro de la izquierda anticapitalista considera que el Foro Económico Mundial (WEF, las siglas en inglés que corresponden a su nombre oficial) continúa meciendo en su seno a una especie de «gobierno en la sombra» que toma decisiones que, a la larga, son las que guían a los gobiernos que surgen de los parlamentos elegidos democráticamente.
Para conocer sus últimas “orientaciones”, vamos a repasar algunos de los asuntos que trata en el último informe que publicó en 2020, a mediados de diciembre, bajo el epígrafe “The Global Competitiveness Report”, cuyo prólogo está suscrito por el propio Schwab junto a la economista paquistaní Saadia Zahidi, directora gerente del Foro.
Esta edición especial del “Informe sobre Competitividad Global” del Foro de Davos examina «cómo están actuando los países en el camino hacia la recuperación». El análisis parte de que cada crisis económica es una oportunidad para mejorar, para salir reforzados, como civilización o como sistema económico. Un mantra cada vez más repetido en las altas esferas pero que todavía cuesta asimilar allí donde estas crisis siempre golpean más fuerte: entre las clases populares.
«La crisis sanitaria y económica ha obligado a repensar las bases del crecimiento y su relación con las personas y el planeta, por lo que se presenta una oportunidad única para aprovechar el momento y crear nuevas economías altamente productivas a la vez que sostenibles para el medio ambiente y prósperas para más gente». Este es el mensaje que lanzó Zahidi al presentar ante la prensa las conclusiones del estudio.
Pero como esas opciones globales tienen que dar paso a estrategias más locales, el Foro hace un repaso de la situación en la que afrontarán el especial escenario modelado por la pandemia del covid-19 los miembros de la OCDE (otro restringido club al que solo pertenecen 37 estados “desarrollados”), además de China, Rusia y Sudáfrica.
El índice elaborado por el Foro en base a once «prioridades» que considera necesarias para lograr una positiva «transformación económica» confirma que, «entre las políticas existentes y según las estadísticas disponibles», «el ‘modelo nórdico’ es el más prometedor para llevar los sistemas económicos hacia una mayor sostenibilidad y prosperidad compartida».
Como se observa en el gráfico adjunto, Finlandia, Dinamarca y Suecia se encuentran, junto a Países Bajos, entre los países «mejor preparados» para cumplir esa transformación. En concreto, Dinamarca y Finlandia aparecen cuatro veces entre los tres primeros en las once categorías, mientras que Suecia lo hace tres veces.
China, que completa el Top 5, aparece en el podio en dos ocasiones –marcos antimonopolios y promoción de la diversidad, especialmente por la fuerte participación de las mujeres–, mientras que EEUU, relegado al duodécimo puesto en la general, está entre los tres primeros en tres ocasiones, destacando en áreas como la inversión para investigación y el desarrollo o en «los mercados del mañana».
Las once «prioridades emergentes» en las que se fundamenta este ránking son cuestiones de gran calado social, no solo económico. Por ejemplo, la primera que se menciona en el informe es la de «garantizar que las instituciones públicas incorporen principios de gobernanza sólidos y una visión a largo plazo, y que generen confianza al servir a sus ciudadanos». En uno de los gráficos que acompañan a este texto se ha plasmado cómo percibe la ciudadanía de cada uno de los Estados examinados el desempeño de sus gobiernos al mismo tiempo que el grado de corrupción. Los peor parados son México, Rusia y Brasil, mientras que en el polo positivo aparecen, además de los países nórdicos –ahora incluyendo a Suecia–, Nueva Zelanda y Suiza.
A este respecto, el Foro indica que «el entorno propicio» para el desarrollo económico «abarca tanto las instituciones formales como las informales –servicios públicos e infraestructuras como transporte, energía, agua y telecomunicaciones–, así como las condiciones marco fijadas por la política monetaria y fiscal, y, más ampliamente, las finanzas públicas».
Por eso, considera que, «con el empeoramiento de la polarización social y económica y la amenaza inminente del cambio climático», será «fundamental» disponer de unas bases económicas «creadas por instituciones que funcionan bien, un macroambiente estable y una infraestructura de alta calidad». Y advierte de que «la calidad del entorno propicio de un país» no deberá evaluarse solo en función de su capacidad para respaldar el crecimiento y la productividad, «sino también en función de la capacidad de transformar la economía para lograr objetivos ambientales y de prosperidad compartida».
En esta peculiar clasificación combinada, el Estado español se halla en el pelotón de la mediocridad, con una opinión pública consciente de que los casos de corrupción no son hechos aislados y con una escasa confianza en la capacidad del gobierno para mejorar las cosas (esta es una percepción generalizada, no una valoración particular sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, que apenas acaba de cumplir un año en el poder).
El Ejecutivo francés, con Emmanuel Macron en el Elíseo desde hace tres años y medio, no obtiene una nota mucho mejor en cuanto a confianza, pero sí saca ventaja al español en cuanto a que ofrece una menor sensación de corrupción.
Entre las propuestas para «reconstruir» las economías dañadas por la pandemia haciéndolas más «productivas, sostenibles e inclusivas», el Foro de Davos se suma a quienes abogan por «cambiar a impuestos más progresivos» e, incluso, sostiene que hay que «repensar cómo se gravan las corporaciones, la riqueza y el trabajo, a nivel nacional y en un marco cooperativo internacional».
Conviene destacar que este planteamiento, que también comparten al menos a nivel teórico desde el Fondo Monetario Internacional hasta los sindicatos de clase europeos, se presenta como una “oportunidad” para salir reforzados de la crisis actual. Idea que en Euskal Herria no comparten, por ejemplo, ni Confebask ni el PNV, que optan por otro lugar común, “no es el momento de subir impuestos”, para justificar su inmovilismo o, si nos atenemos a lo que señalan los expertos del Foro Económico Mundial, su falta de visión de futuro.
Otras de las prioridades con las que se analiza la situación de los distintos países son la de reflexionar sobre «las leyes laborales y la protección social para la nueva economía», o la de diseñar los nuevos «marcos de competencia y antimonopolio necesarios en la Cuarta Revolución Industrial, asegurando el acceso al mercado tanto a nivel local como internacional» .
«Ampliar la infraestructura, el acceso y la innovación para el cuidado de personas mayores, el cuidado de niños, y la salud en beneficio de las personas y la economía» es otro de los asuntos analizados, así como el de «actualizar la infraestructura para acelerar la transición energética y ampliar el acceso a la electricidad y las TIC (tecnologías de la información y la comunicación)».
Pasar a la acción en un momento histórico clave. Este es el mensaje principal con el que concluye el prólogo firmado por Zahidi y Schwab, quienes afirman que esta edición especial del informe de competitividad del Foro «proporciona la base para respaldar una reflexión más profunda, proporcionando a los responsables de la formulación de políticas prioridades en tres períodos de tiempo: las prioridades que surgieron antes de la crisis, las prioridades que son críticas para la recuperación a corto plazo y prioridades esenciales para la transformación a más largo plazo para obtener mejores resultados en materia de prosperidad compartida y sostenibilidad en el futuro».
Hacen hincapié en que «los shocks sanitario y económico combinados de 2020» no solo impactaron en los medios de vida de millones de hogares e interrumpieron las actividades comerciales, sino que también «dejaron al descubierto las fallas en los actuales sistemas de salud y protección social». Además, opinan que «esta crisis ha acelerado aún más los efectos de la Cuarta Revolución Industrial en el comercio, las habilidades, la digitalización, la competencia y el empleo, y ha puesto de relieve la desconexión entre nuestros sistemas económicos y la resiliencia social».
Y esperan que su informe «sirva como un llamado a la acción para participar en el liderazgo visionario y audaz requerido para construir una nueva agenda económica para economías en crecimiento, productivas, sostenibles e inclusivas que brinden oportunidades para todos». Para concluir en tono épico, añaden: «Este momento histórico no exige nada menos».

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