Imanol Intziarte

Una pareja de Irun, al borde del desahucio mientras ella está ingresada con cáncer

Hace tres años se vieron obligados a transferir al Banco Sabadell, con la condición de poder seguir viviendo con un alquiler social,su piso de toda la vida con el que habían avalado el crédito de un familiar, pero ahora no les quieren renovar el contrato y amenazan con dejarles en la calle.

Tras contar su historia, Miguel Ángel se despide para acudir al hospital en el que permanece ingresada su mujer. (Andoni CANELLADA / FOKU)
Tras contar su historia, Miguel Ángel se despide para acudir al hospital en el que permanece ingresada su mujer. (Andoni CANELLADA / FOKU)

Miguel Ángel y Oliva tienen 78 y 75 años. Son de Irun (Gipuzkoa). Ella sufre cáncer de pulmón, y ha tenido que ser ingresada de urgencia en las últimas horas. Es el motivo por el cual su marido se ha tenido que marchar a toda prisa al hospital. Pero no antes de contar por qué la inmobiliaria Solvia, participada por el fondo Lindorff-Intrum y el Banco Sabadell, les quiere echar de su casa de toda la vida el próximo día 24 de enero.   

La historia arranca hace unos años, cuando necesitan un crédito para la empresa familiar. El Sabadell dice que de acuerdo. Lo pide el hijo y lo avalan los padres con la vivienda que pagaron peseta a peseta, euro a euro, y en la que viven desde hace más de cuatro décadas.

La familia no consigue dar la vuelta al crédito, y el banco plantea la dación en pago de la vivienda como vía para solventar la deuda. Es decir, que se queda con el piso. Miguel Ángel y Oliva aceptan, siempre y cuando puedan seguir residiendo en él pagando un alquiler social de 315 euros.

El 24 de enero de 2018 firman el contrato de alquiler por tres años. «Me di cuenta de que no había opción de prórroga. Pregunté, y el del banco me dijo que era un contrato estándar, pero que no habría ningún problema para renovar», ha remarcado Miguel Ángel.

Hasta que el pasado 1 de setiembre recibieron un burofax recordándoles que el contrato expira el 24 de este mes y anunciándoles que se tienen que marchar. Su pensión es de 1.174 euros y, dada la grave situación de salud de Oliva y sus circunstancias, reciben una ayuda de 198 euros del Ayuntamiento de Irun.

Miles de afectados

En la rueda de prensa ofrecida en la Avenida de Donostia, delante del histórico edificio del Banco Guipuzcoano y que hoy en día acoge las oficinas del Sabadell, Rosa García (Stop Desahucios), ha subrayado que el drama que vive esta pareja es el de miles de avalistas hipotecantes que han caído en las manos de bancos y fondos buitre, a pesar de las declaraciones de territorios libres de desahucios.

El Ayuntamiento de Irun (PSE-Podemos) se ha comprometido en intermediar con Solvia para tratar de que se renueve el contrato de alquiler social por un periodo de 7 años, prorrogable en 3 más. Representantes de las Juntas y ediles de EH Bildu y Elkarrekin Podemos en el Ayuntamiento de Donostia también han respaldado la comparecencia.

Hasta ahora, Solvia y el Banco Sabadell no han dado ninguna respuesta, se han limitado a girar el recibo del alquiler de enero solo por la parte correspondiente a los 24 primeros días.