ELA ha exigido al Departamento de Salud que investigue lo sucedido y que garantice «el estricto cumplimiento de los criterios sanitarios y de prioridad en la vacunación». Considera que «es absolutamente inadmisible que determinadas jefaturas y cargos de Osakidetza, con largo recorrido político en puestos de libre designación, se aprovechen de su posición para obtener unos beneficios que no les corresponden».

Ha recordado sus continuas quejas por la opacidad y falta de información que rodea al plan de vacunación, incidiendo en que la consejera Gotzone Sagardui les llegó a decir en una reunión celebrada el 29 de diciembre que era una cuestión «puramente organizativa de la que no tenía el deber de informarnos».

El sindicato ha añadido que antes de conocerse el abandono de sus cargos de Eduardo Maiz y José Luis Sabas, se había hecho eco del malestar que existía entre la plantilla de Basurto porque no se estaba priorizando la vacunación al personal que está realmente en primera línea.

En el caso de Santa Marina, ELA ha subrayado que es la OSI con un mayor índice de contagios entre sus trabajadores, «lo que hace más grave, si cabe, que el gerente haya recibido la vacuna cuando no le tocaba».

Como sucedió en la pasada OPE, la central cree que no se trata de un hecho aislado, sino que es otro ejemplo de lo que sucede en Osakidetza, en este caso con la vacunación contra la covid-19.

Ataque a las movilizaciones

LAB ha destacado que «los mismos gerentes que han criticado ferozmente las movilizaciones de la plantilla de Osakidetza y la han acusado de poco responsable por defender sus derechos en medio de la pandemia covid, nos muestran su verdadera cara como verdaderos señoritos de cortijo o ‘jauntxos’, saltándose en beneficio propio todos los protocolos».

Estiman que es «la misma misma forma de actuar y la misma impunidad con la que la dirección de Osakidetza y muchos jefes y jefas de servicio han actuado en relación a las OPEs fraudulentas y por las que ahora se enfrentan a un proceso penal en el que LAB ejerce la acusación popular».

Desde LAB exigen ir más allá de las dimisiones. «Exigimos una investigación imparcial que aclare cómo han ocurrido los hechos, que depure todo tipo de responsabilidades y que aclare si esta práctica se ha producido en otras OSIs y se han vacunado personas que no tenían que hacerlo, valiéndose de su poder o su cargo», han expuesto.