Las asociaciones Bizkaiko Tabernariak, SOS Ostalaritza, Ostalaritza Aurrera, Gasteizko Ostalariak, Kutxiko Taskeroak, Gasteiz eta Arabako Ostalaritza y Masquebares, Hostelería con conciencia, Shostalaria Galiza y SOS Aragón, que representan a más de mil bares se han organizado «para dar voz a nuestros compañeros y compañeras, que llevan este trabajo en las venas, volcando toda su pasión en ello, respetando, defendiendo y exigiendo que se cumplan unos derechos laborales que llevan años pisoteados».

Para visibilizar su situación han llevado a cabo una protesta vistosa que ha consistido en balizar y marcar los bares que están abiertos «por nuestra fuerza moral, sin ningun ayuda estatal».

Más de 1000 bares en 9 asociaciones de todo el país nos hemos unido en la Coordinadora Estatal de Hostelería en Lucha para exigir al Gobierno Central celeridad y solvencia en nuestras peticiones, las cuales ya les hemos hecho llegar. pic.twitter.com/FP3LbXts1b

— Hosteleria Con Conciencia (Asturias) (@ConHosteleria) April 15, 2021

Estas asociaciones, que se declaran «desvinculadas de las grandes patronales de Hostelería», exigen al Gobierno español que «ponga todo su empeño en desarrollar ayudas directas acordes a la situación, teniendo en cuenta que endeudarse con créditos ICO únicamente empeora la solvencia y el futuro de nuestros negocios y nuestras vidas».

Consideran que las ayudas deben recaer «principalmente en los sectores que hayan permanecido más tiempo cerrados».

Junto a ello, reclaman que la cuantía destinada a las personas autónomas «en estimación objetiva (módulos) deberá ser mayor a los 3.000 euros anunciados para contrarrestar más de un año de pérdidas económicas y deudas generadas».

Estos hosteleros entienden que «cualquier persona que haya sufrido el cierre decretado de su negocio y haya generado deudas a partir del 14 de marzo de 2020» debería poder acogerse a las ayudas «sin ningún tipo de problema».

Además de ello, exigen «un diálogo fluido con el Gobierno» y que les tengan en cuenta «como un agente social más, que defiende, sobre todo, a los y las trabajadoras del sector».

En cuanto a los ERTEs, piden que se prolonguen hasta 2022 «para evitar las quiebras de nuestros negocios» y que sea «obligatorio mantener el puesto de trabajo 6 meses después de la finalización del expediente».

A su vez, exigen que «toda ayuda que provenga de la administración central sea de carácter no contributivo».

Finalmente, piden que se «estudien, trabajen y ejecuten soluciones para los próximos años, que ayuden a todo el sector frente a la complicada situación económica a la que nos vamos a enfrentar».