«El que hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos, causando un menoscabo en la libertad o intimidad de esta, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días», es el texto propuesto por el PSOE para adicionar al Código Penal.

Este artículo estaría formado, además, por otros dos puntos. En uno se determina que atendiendo a la gravedad de las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho, el tribunal podrá imponer, además, la prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años.

El último punto, señala que las penas previstas en el artículo se impondrán «sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso».

El principal partido en el Gobierno español advierte de que el acoso a los centros sanitarios donde las mujeres interrumpen voluntariamente los embarazos «es una constante» desde que se aprobaran la leyes que reconocen el aborto como un derecho y que regulan esta práctica.

En Euskal Herria también se han producido movilizaciones de acoso de este tipo ante clínicas de Antsoain o más recientemente Donostia. En la capital guipuzcoana la solidaridad con los trabajadores del centro y las pacientes dio lugar a movilizaciones frente a las antiabortistas.

Búsqueda de seguridad jurídica

Tal y como explican en la exposición de motivos del texto, con esta iniciativa que ahora registra en el Congreso, el PSOE pretende proporcionar «una seguridad jurídica tanto a las mujeres que quieren interrumpir el embarazo como a los y las profesionales que participan».

En esa misma exposición de motivos recogen los datos del informe realizado en 2018 por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI) en el que se recoge un 89% de las mujeres que acudieron a abortar a estos centros se habían sentido acosadas y un 66% amenazadas.

Ese mismo año, recuerdan desde el PSOE, el Defensor del Pueblo inició también una actuación tras recibir la queja de una asociación de clínicas acreditadas para la IVE.

Esta organización denunciaba el acoso al que se ven sometidas las mujeres que acuden a este tipo de centros y documentaba casos de hostigamiento en todo el Estado español.

En este sentido, el Defensor del Pueblo «valoró positivamente la propuesta de creación de zonas seguras para garantizar el acceso de las mujeres a las clínicas», explica el PSOE.

Esta formación considera «imprescindible garantizar una zona de seguridad alrededor de los centros» que practican las IVE, de forma que «quede garantizada la intimidad de las mujeres, su libertad y seguridad física y moral», así como «su derecho a la libre circulación y de este modo garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres».