Este negocio, casi exclusivo de Estados Unidos, vuelve a ser objeto de atención después de que la Corte Suprema se negara a bloquear la nueva ley de Texas que permite a los ciudadanos de a pie denunciar, a cambio de una recompensa, a cualquiera que ayude a las mujeres a acceder al aborto.

Activistas por los derechos de la mujer y representantes políticos han expresado su alarma por la ruptura del Alto Tribunal con 50 años de protección del acceso al aborto en todo el país.

«En efecto, (Texas) ha delegado en los ciudadanos del estado la tarea de cazar recompensas, ofreciéndoles premios en efectivo por perseguir civilmente los procedimientos médicos de sus vecinos», escribió la jueza Sonia Sotomayor en una mordaz crítica a la decisión de la Corte Suprema.

Los activistas que temen que la reforma haga metástasis y se extienda a otros estados han visto ya una señal en la campaña de la organización Derecho a la Vida de Texas, que ha dispuesto líneas telefónicas de información para que la gente denuncie anónimamente a quienes infrinjan la nueva ley, indicando que espera «replicar este éxito en todo el país».

Sus preocupaciones se confirmaron cuando la gobernadora republicana de Dakota del Sur, Kristi Noem, sugirió que su estado podría adoptar la misma línea.

Desde la Edad Media

La caza de recompensas se extendió por todo el mundo desde la Edad Media, pero en la actualidad se encuentra legalizada casi exclusivamente en Estados Unidos y Filipinas.

Tristan Cabello, historiador especializado en la cultura y la política de Estados Unidos, explicó a AFP que la caza de recompensas es una profesión «profundamente arraigada en la psique estadounidense (...) que apela a los ciudadanos más conservadores de Estados Unidos».

La gran mayoría de los cazarrecompensas (bounty hunters) se gana la vida acorralando a fugitivos a cambio de una parte de la fianza. Argumentan que prestan un servicio público sin generar gasto público.

Pero la nueva ley del aborto de Texas ha reavivado el debate sobre un trabajo que anima a que haya personas que actúan como policías freelance y cuyos métodos suelen quedar fuera de la supervisión legal.

El pasado viernes, el presidente de EEUU, Joe Biden, comentó a los periodistas en la Casa Blanca que la nueva norma texana es una ley de ‘justicieros’ que «parece ridícula, casi antiestadounidense».

Alrededor de 15.000 en Estados Unidos

En 2017, dos cazarrecompensas murieron en un tiroteo en un concesionario de automóviles de Greenville, Texas, junto con el fugitivo para cuya captura habían sido contratados.

Ninguno de los dos llevaba chaleco antibalas y no habían llamado por teléfono para avisar a la empresa que iban a acudir a ese lugar.

Es difícil encontrar cifras fiables sobre el número de cazarrecompensas, pero la organización ‘Professional Bail Agents of the United States’ estima que son cerca de 15.000, mientras que la ‘National Association of Fugitive Recovery Agents’ afirma que el sector detiene a 30.000 fugitivos al año.

Los cazarrecompensas, sus relaciones con la Policía y las normas que siguen son una especie de zona gris, regulada por un mosaico de requisitos desconcertantes que varían mucho de un estado a otro.

No existe una guía de cómo hacerlo y la mayor parte de la literatura sobre el tema se compone de las memorias autopromocionadas de sus practicantes más destacados, como la estrella de reality shows Duane Chapman, alias ‘Dog the Bounty Hunter’ (Perro el cazarrecompensas), de 68 años.

Los derechos de los cazarrecompensas siguen estando definidos por una sentencia de la Corte Suprema de 1872, según la cual los ciudadanos que persiguen a fugitivos no están sujetos a las normas constitucionales que se aplican a los «agentes estatales», como los policías.

En algunos estados casi no hay regulación. Otros permiten el uso «necesario» de la fuerza a los cazarrecompensas, que conducen imponentes todoterrenos con las ventanillas tapadas y van armados hasta los dientes, con pistolas, porras, spray de pimienta y esposas.

En unos pocos estados existe una prohibición total o bien se exigen diversos niveles de experiencia y formación, así como la comprobación de antecedentes.

Procesos civiles basados en chismes

El exfiscal adjunto Ken White, quien litigó en casos civiles y penales durante décadas, ve el peligro de la ley de Texas no tanto en su tendencia a exponer a la gente a cazarrecompensas imprudentes, sino en la oportunidad que representa para que mojigatos chismosos acosen a sus vecinos.

«Puede que no consigan una condena, pero conseguirán que seas arrestado y detenido y hacerte pasar por el sistema y hacer de tu vida un infierno hasta que tu caso sea desestimado o seas absuelto», ha comentado.

«La ley está calculada deliberadamente para abrumar a cualquiera que la derecha piense que está relacionado con el aborto con un litigio caro y abrumador en el que el mero proceso es destructivo», ha explicado.

Michele Goodwin, de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Irvine, ha señalado que la disposición será especialmente dura para las mujeres negras, quienes son usuarias de los servicios de aborto en números desproporcionadamente altos.

«Ya han sufrido vigilancia policial, detenciones injustas, acusaciones y sentencias desiguales. Ahora, esto es una una capa adicional [de desigualdad] en sus vidas».