Iberdrola se ha comprometido este jueves a no variar los precios eléctricos a la industria pesada en el Estado español –en teoría para no afectar a la competitividad de la misma, que se ve afectada por el incremento del precio del gas natural como las del resto del mundo–, siempre y cuando no se apliquen «tributos lesivos» a la producción eléctrica, como la ‘tasa’ a las renovables.

Además, ha vuelto a pedir al Gobierno de Pedro Sánchez la retirada del decreto que contempla las medidas para impedir que la escalada de los precios de la luz se trasladen a los recibos que pagan los hogares y la mayoría de las empresas.

«Nuestro compromiso es seguir apoyando a la industria española y ayudar a la prosperidad de nuestro país», ha señalado Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, quien, al mismo tiempo, ha afirmado que las inversiones de esta compañía en el exterior «están beneficiando a la industria vasca».

Según el cálculo interesado que ha expuesto, en lo que va de año, el hecho de mantener los precios pactados, a pesar del incremento del precio de la electricidad, habría ahorrado a la industria española 2.000 millones de euros. Es decir, ha puesto como un mérito el mero hecho de respetar los contratos suscritos con las compañías industriales grandes consumidoras de energía (siderurgia, químicas, cementeras...).

La energética vasca estima que «ahora que parece evidente ya para todo el mundo que las empresas eléctricas no se han beneficiado en modo alguno del incremento de los precios eléctricos, sino que, muy al contrario, han soportado costes desorbitados del precio del gas natural, el Gobierno debe corregir dos errores: el Real Decreto y la Ley, que bien seguro se produjeron por falta de información».

«En la medida de sus posibilidades»

Y ha anunciado que asumirá el incremento de costes energéticos para no trasladar a la industria española la situación de los mercados internacionales con la condición de que «el Gobierno debe entender que no se debe gravar la producción en un momento tan delicado, especialmente tras comprobar que no se han producido beneficios extraordinarios».

Aunque también ha puntualizado que solo asumiría ese esfuerzo «en la medida de sus posibilidades, siempre y cuando se retire la tasa a las energías renovables».

La tasa sobre las energías no emisoras del Real Decreto Ley 17 de 14 de setiembre está suponiendo un «grave perjuicio», de 1.000 millones de euros mensuales, para las empresas eléctricas españolas, según los cálculos de la compañía.