Ainara Lertxundi
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Militares colombianos asumen ante la JEP ejecuciones extrajudiciales de civiles

Dentro del proceso de justicia transicional y restaurativa abierto en Colombia, 21 militares y un civil han admitido ante la Jurisdicción Especial para la Paz su responsabilidad en la muerte de civiles que hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate para obtener incentivos o ascensos.

Este 1 de diciembre, varios militares colombianos participaron en un acto de reconocimiento organizado por la Comisión de la Verdad. (COMISIÓN DE LA VERDAD)
Este 1 de diciembre, varios militares colombianos participaron en un acto de reconocimiento organizado por la Comisión de la Verdad. (COMISIÓN DE LA VERDAD)

En el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), órgano creado tras los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano, 21 militares y un civil han reconocido su responsabilidad en la desaparición forzada y muerte de al menos 120 personas en El Catatumbo y de 127 en la Costa Caribe, que «fueron presentadas falsamente como bajas en combate», subraya en un comunicado la JEP.

La Sala de Reconocimiento de este tribunal, que imputó a 25 miembros del Ejército y a un civil por los delitos de «homicidio en persona protegida y desaparición forzada que también constituyeron crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada y el crimen de guerra de homicidio», establece en los autos 125 y 128 que «los crímenes no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate».

Tras conocerse las imputaciones, 22 de los 26 comparecientes reconocieron su responsabilidad. El oficial de más alto rango en hacerlo es el brigadier general Paulino Coronado Gámez, antiguo comandante de la Brigada 30. «Presento mis sentimientos de perdón por el gran dolor causado por los execrables actos cometidos (...), conllevando al deceso de seres inocentes que se presentan como combatientes, dejando profunda desolación entre sus seres queridos, a quienes ofrezco mi absoluta disposición para contribuir en el esclarecimiento de la verdad, como medio reparador», afirmó en su declaración.

El mayor retirado Guillermo Gutiérrez Rivero, uno de los uniformados de más alto rango imputados por los hechos de La Popa (Costa Caribe), reconoció su responsabilidad por «contribuir al conflicto armado en vez [sic] de la paz, como me lo mandaba mi cargo público y mi deber como ciudadano» y pidió perdón, al tiempo que se comprometió a reparar a las víctimas «aportando toda la verdad que conozco sobre estos homicidios».

Para el tribunal, «el reconocimiento por parte de los máximos responsables de estos crímenes es un elemento esencial del Sistema Integral para la Paz y, en particular, de la JEP, en tanto materializa ‘el sistema de incentivos condicionados» en el que se funda este sistema de justicia transicional».

Los coroneles Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, comandantes del Batallón La Popa durante los años 2002 y 2004 y 2004 y 2005, negaron su responsabilidad, por lo que fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. De ser condenados, podrías ser castigados hasta con 20 años de cárcel.

La Sala de Reconocimiento ha ordenado poner en marcha un proceso restaurativo para preparar la audiencia de reconocimiento de verdad y de responsabilidad de los comparecientes por los llamados «falsos positivos» –ejecuciones extrajudiciales de civiles que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate– cometidos en El Catatumbo (Norte de Santander) y la Costa Caribe.

Militares ante la Comisión de la Verdad

Este 1 de diciembre, en un acto de «contribución a la verdad y reconocimiento de responsabilidades de integrantes» del Ejército colombiano organizado por la Comisión de la Verdad, el coronel en retirado Luis Fernando Borja, excomandante de Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre y quien aceptó la comisión de 57 «falsos positivos», invitó al general Eduardo Enrique Zapateiro, actualmente comandante del Ejército, a que «asuma la responsabilidad de lo que pasó, no la culpabilidad. Necesitamos que pase a la historia no como comandante del Ejército, sino como un general que asumió la responsabilidad delante de todas las víctimas de estos horribles y vergonzosos hechos de ejecuciones extrajudiciales. Ojalá dé la cara a las víctimas y asuma la responsabilidad de un Ejército que cometió infinidad de atrocidades. Ya es hora de que sepamos la verdad».



Sobre su paso por la escuela militar, Borja subrayó que en ellas les enseñaron a «pisotear la dignidad humana, tenemos que reconocerlo. ‘Es su enemigo y hay que aniquilarlo’. Todo esto va conllevando a que ahora estalló. Nuestros superiores tienen que dar la cara y reconocer la responsabilidad, no la culpabilidad. En las escuelas de formación se empezó a degradar nuestra guerra, nuestros principios, que la vivimos de acuerdo a las enseñanzas que empezamos a recibir».

Puso también en valor el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición –que incluye la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsquedas de Personas Desaparecidas–, sin el cual, remarca «no se estaría conociendo la verdad, que es un bien público, es un derecho. No podemos eludir la verdad, tenemos que decir la verdad por dura que sea».