El sindicato LAB ha denunciado este lunes que Tasubinsa, el mayor centro especial de empleo navarro que emplea a más de 900 personas, «se niega a garantizar el poder adquisitivo de la plantilla incrementando los bajos salarios», a pesar de que haya recibido más de 11 millones de euros del Servicio Navarro de Empleo (SNE-NL) en los últimos dos últimos años.

Por lo tanto, LAB ha exigido al Consejo de Gobierno del SNE-NL, mediante una nota, el «cumplimiento de los criterios y cláusulas de calidad en el empleo en sus subvenciones».

El sindicato ha relatado que el pasado mes de octubre, tras nueve meses de negociación del convenio, la dirección de Tasubinsa «cerró cualquier posibilidad de acuerdo tras confirmar su intención de no garantizar el IPC y retirar los puntos negociados y asumidos hasta la fecha».

Como consecuencia, la mayoría del Comité de Empresa, del que LAB es la primera fuerza con ocho representantes, convocó el pasado 27 de enero un día de huelga para reclamar la subida del IPC.

Tras ella, el sindicato reclama que el Plan de Políticas Activas de Empleo 2021-2024 del SNE-NL recoge entre sus objetivos estratégicos la creación de «empleo de calidad» y el establecimiento de criterios y cláusulas de calidad en el empleo en sus subvenciones e incentivos a la contratación.

Asimismo, LAB ha recordado que entre los años 2020 y 2021 Tasubinsa recibió más de 11 millones de euros destinados a subvencionar los salarios, contratación y viabilidad del centro. Sin embargo, el sindicato soberanista acusa a la dirección de Tasubinsa de negarse a «garantizar el poder adquisitivo de la plantilla» y a «incrementar los bajos salarios».

Negociación paralela de UGT y CCOO

Por otra parte, LAB reprocha a los sindicatos UGT y CCOO haber emprendido una negociación paralela «a espaldas de la representación de la mayoría de la plantilla», para apostillar a continuación que es una «clara actitud antisindical» por parte de CCOO y UGT.

Asimismo, LAB acusa a los dos sindicatos de aceptar «la pérdida de poder adquisitivo de la plantilla», con una merma de entre 420 y 1.016 euros por trabajador y trabajadora en 2022.