El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno navarro, Bernardo Ciriza, en una interpelación de Navarra Suma debatida en el pleno parlamentario de este jueves, ha defendido los pasos «muy relevantes dados en esta legislatura para impulsar el TAV» y el «interés muy claro» de su Gobierno por esta infraestructura.

Sin embargo, Ciriza ha defendido su deseo de «trabajar de la mano de todas las instituciones y desde la discreción» como la mejor manera de avanzar, y «por ello» no ha desvelado qué opción de la conexión con la llamada Y Vasca es mejor para el Gobierno navarro, aunque ha recordado que en 2018 el Gobierno español, entonces del PP, ya anunció que la de Gasteiz era la conexión mejor valorada, sin que UPN dijera «ni pío».

En cualquier caso Ciriza ha defendido «los avances» en la construcción del TAV y el anuncio de la llegada de fondos europeos «crucial» para la infraestructura en Iruñerria, además de la inversión anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez para los tramos que actualmente se ejecutan en la Zona Media, o del impulso de la estación en Etxabakoitz.

«Impulsar el TAV se hace con hechos y no de boquilla», ha afeado por tanto el consejero al portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, quien en su defensa de la interpelación ha sido muy crítico con «la indefinición» del PSN, al que ha recordado que en su programa electoral de 2019 defendía la conexión por Ezkio, pero «ahora lo que va a pasar es que va a llegar, se va a conectar por donde diga Madrid, por donde sea más barato, y va a ser cuando diga Bildu».

«Ustedes nos traen sus fantasmas», ha lamentado Jorge Aguirre (PSN) a la postura de Esparza, ante quien ha expuesto su «compromiso indudable» con el TAV, mientras que Uxue Barkos (Geroa Bai) ha defendido su «apuesta clara» también por el proyecto «independientemente de quien esté en la Moncloa».

Diferente ha sido la postura del resto de grupos, con un Adolfo Araiz (EH Bildu) que ha defendido un tren social que no coincide con el proyecto del TAV, que se apoye en las infraestructuras existentes, con obras que requieran una mucho menor inversión, menor mantenimiento y menor coste medioambiental, que permita circular a una media de 200 kilómetros por hora, «que nos sobra».

En la misma línea, Ainhoa Aznarez (Podemos-Ahal Dugu) ha alertado de la «herencia ilegitima» que van a dejar, la de la «destrucción ambiental, un sistema ferroviario desmantelado, el mantenimiento de una costosísima alta velocidad, aeropuertos vacíos e insfraestructuras sobredotadas».

También Marisa De Simón (I-E) ha lamentado el proyecto del TAV actual como un modelo «insostenible económico, medioambiental y socialmente», que no es «ni público, ni social, ni vertebra territorio».