La Comisión de Valoración creada por la Ley 12/2016 para el reconocimiento de las víctimas de la violencia del Estado ha dictado 46 resoluciones favorables en este segundo curso (el primero fueron 35). Seis son por fallecimientos, incluidos los producidos cuando la víctima se encontraba bajo custodia policial y otros con apariencia de ejecución extrajudicial. 28 son casos de tortura. 11 lesiones de diferente tipo por bala, pelota o agresiones. Hay también un caso de vulneración de la integridad moral y psíquica.

La mayoría de los hechos, un total de 28, ocurrieron entre los años 1971 y 1980; nueve entre los años 1961 y 1970; ocho entre 1981 y 1990; y uno en el año 1997. La Guardia Civil es responsable de 18 casos y la Policía española de otros 15.. En otros 4 fueron causadas por ambos cuerpos en detenciones distintas, y uno por la Ertzaintza. En ocho casos fueron acciones de  «grupo incontrolado o parapolicial».

La abogada Juana Balmaseda y el profesor Jon Mirena Landa, presidenta y coportavoz, respectivamente, de la Comisión, han presentado ante el Parlamento el segundo informe, referido al trabajo realizado entre setiembre de 2021 y junio de este año. Y han destacado que han tenido que perder mucho esfuerzo y tiempo con 523 demandas presentadas por miembros de las FSE y su entorno con una «abierta perversión interpretativa contraria al sentido último de la Ley y con mala fe manifiesta».

«Abrumada por lo doloroso de los casos»

La presidenta, Juana Balmaseda, ha subrayado la gravedad de los hechos que se han encontrado, y ha informado de que «siendo especialistas en la materia, se encuentran muchas veces abrumadas por lo doloroso de los casos, y aún más por la actualidad del sufrimiento de las víctimas y sus familiares».

Por ello, ha explicado a los parlamentarios y parlamentarias que «esto debería hacernos tomar conciencia de que este no es un asunto del pasado. Las víctimas de vulneraciones de derechos humanos reconocidas en esta Ley son personas, mujeres y hombres, que hoy viven entre nosotros. Algunas víctimas han fallecido, pero el dolor de sus familiares y seres queridos sigue hoy muy presente y debe ser atendido».

«Oposición inadmisible»

El informe entregado en el Parlamento por la Comisión recoge textualmente que «constatamos con preocupación que sigue habiendo actores y colectivos que constantemente se oponen al desarrollo de esta Ley, a la protección de las víctimas que reconoce  y a su derecho a la verdad y, en su caso, a la plena reparación. Desde la Comisión queremos manifestar que ello nos resulta inadmisible. No lo admitiríamos con otro tipo de víctimas. Con ninguna. Tampoco con éstas».

Por ello concluyen que «no podemos normalizar ni asumir un cuestionamiento permanente de las víctimas que esta Ley reconoce. Tampoco que se busque retrasar o dificultar la actividad de esta Comisión, pues, en última instancia, las grandes perjudicadas por la demora son las propias víctimas».

En este punto han criticado las 523 denuncias de miembros de las FSE y de su entorno que pretendían colarse en la ley, cuando tienen otras normas para ellos, y de quienes «en abierta perversión interpretativa contraria al sentido último de la Ley y con mala fe manifiesta, están intentando confundir a estas posibles víctimas, encauzando sus peticiones allá donde saben que no pueden ser atendidas».

En la presentación del informe, sus redactores han apuntado que en la mayor parte de los casos la actitud de las instituciones ha sido colaborativa, pero han destacado como «especialmente obstativa» la actitud de los archivos militares de los que no han podido obtener ninguna documentación de las peticiones cursadas hasta la fecha.

Reforma urgente de las indemnizaciones

El informe presenta también varias recomendaciones. La primera, volver a celebrar un acto institucional de reconocimiento de estas víctimas, de las graves vulneraciones de derechos que padecieron y que se deben visibilizar. También solicitan un impulso parlamentario de los trabajos de reconocimiento.

Pero la reclamación más urgente es la de reformar las indemnizaciones, puesto que el sistema actual «genera flagrantes injusticias en casos de gravísimas violaciones de derechos humanos que o bien no pueden ser indemnizados o bien obligan a una indemnización irrisoria, indigna de tal nombre».

Por ello demandan que «una modificación en profundidad del artículo 9 es urgente y necesaria y en particular derogar la imposibilidad de indemnizar en casos de malos tratos y torturas, y enriquecer y flexibilizar las posibilidades indemnizatorias en supuestos de lesiones sean estas permanentes o no».

Más medios para no perder credibilidad

La Comisión de Valoración pide además una mayor dotación de medios, pues explican que «tras dos años de funcionamiento, pese a los refuerzos recibidos y al máximo de los esfuerzos de sus miembros y la preocupación y prioridad por imprimir toda la celeridad posible a su trabajo, no es capaz de tramitar eficazmente un número suficiente de expedientes que permita vislumbrar la resolución en tiempo y forma de las peticiones hechas».

Asegura el informe que «la respuesta de reconocimiento se pueda alargar durante años y años no resulta una situación sostenible desde el punto de vista legal, pero, tampoco, desde un punto de vista ético o político». Muestran su preocupación porque «este es un tema que puede comprometer gravemente la credibilidad y la función reparadora que la Comisión, y este mecanismo legal, deben ser capaces de ofrecer respecto de las víctimas y sus derechos».