Marixol Iparragirre se ha dirigido este martes al fiscal de la Audiencia Nacional, y por extensión al Estado español, en estos términos: «¿Lo que me propone la justicia española es salir de la cárcel con 90 años?». Así ha concluido el nuevo juicio en su contra, forzado por el Supremo al revocar la absolución anterior.

Iparragirre le ha formulado esta pregunta al fiscal al hacer uso de su derecho de última palabra en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional por un atentado frustrado el 20 de mayo de 1985, cuando el comando Araba de ETA colocó un coche bomba junto al estadio de Mendizorrotza de Gasteiz.

El fiscal ha mantenido su petición de 488 años de prisión para la prisionera vasca, que en su turno de última palabra ha manifestado que le había dolido el comentario que había realizado el representante de la Fiscalía durante su informe, relativo a que da igual los años a los que sea condenada en las causas que tiene abiertas en el Estado porque cumplirá un máximo de 30.

«Tengo 61 años, llevo 18 años en la cárcel pero España no acepta los 15 que estuve en Francia, luego parece que solo llevo tres. Treinta años me quedan, ¿con 90 años voy a salir, eso es lo que me propone la justicia española?», ha indicado Iparragirre. La negativa del Estado español a descontar estas condenas contraviniendo el criterio europeo tiene como raíz una trampa legal del PP en 2014, pero se sigue manteniendo casi una década después.

Y ha añadido Iparragire, que fue protagonista destacada en las decisiones de ETA en este tránsito hacia el desarme y el fin de ciclo: «Ya va siendo hora de que cerremos realmente lo que ha ocurrido y de que podamos entendernos, de que podamos hablar, de que podamos mirarnos a la cara y de que se pueda decir alto y fuerte que aquí se ha torturado y se ha utilizado la tortura como método para luchar contra ETA».

Marixol Iparragirre negó en la primera jornada de la vista, este lunes, su participación en este intento de atentado, que resultó frustrado ya que los policías desactivaron el artefacto explosivo del coche bomba.

Este juicio ya se celebró en diciembre de 2020 y la Audiencia Nacional la absolvió en marzo de 2021 pero el Tribunal Supremo ordenó posteriormente repetirlo con otros magistrados al calificar de «grave error» que se omitiera la valoración de una prueba de las huellas de la acusada halladas en el coche bomba «con una argumentación no racional».