La Dirección General de la Guardia Civil ha detallado información respecto a la operación Epiro, desarrollada en Madrid y en las localidades de Santurtzi, Portugalete y Muskiz, que se saldó con siete personas arrestadas y una más investigada, y permitió desmantelar la banda que desde 2014 facilitaba el traslado de forma clandestina de personas.

La investigación, que continúa abierta y puede conllevar más detenciones, se inició a finales de 2019, cuando se tuvo conocimiento de una red criminal que llevaba años cobrando entre 3.000 y 15.000 euros a las víctimas, algunas menores de edad, para facilitarles el viaje como polizones en ferrys y buques que partían de los puertos de Bilbo y Santander al Reino Unido.

El grupo criminal lo lideraban dos personas que vivían a caballo entre el Estado español y Albania, su país de origen. Su detenciones tuvieron que precipitarse para evitar el riesgo de una nueva salida y se les arrestó cuando procedían a embarcar el pasado lunes en el aeropuerto de Barajas.

El entramado seleccionaba a las víctimas en su país de origen, así como en los campamentos situados en los alrededores de los recintos portuarios, y les facilitaban alojamiento y manutención hasta que conseguían con éxito su ocultación como polizones y su llegada a territorio británico.

«Riesgo para la vida»

Para ello contaban con la colaboración de otros compatriotas afincados en Bizkaia, que apoyaban a la organización en diversas labores de infraestructura y apoyo para ocultar e introducir a los polizones, con actuaciones que «suponían un riesgo para la vida o integridad física del migrante».

El operativo conllevó tres registros domiciliarios en los que la Guardia Civil se incautó de numerosos dispositivos telefónicos e informáticos, tarjetas bancarias o tarjetas de remesadoras de dinero. También se intervinieron documentos de identidad y pasaportes de distintas nacionalidades que utilizaban para dificultar la posible trazabilidad en el envío y recepción del dinero obtenido.

La investigación ha estado dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Barakaldo y por la Fiscal delegada de Extranjería de la Fiscalía Provincial de Bizkaia, y en la misma ha colaborado en el intercambio de información la NCA (National Crime Agency) británica.