Coincidiento con el Día Internacional de la Montaña, decenas de personas han marchado hasta la cima del monte Alén, en Enkarterriak, para manifestar su rechazo al parque eólico que la empresa Euskal Haizie quiere instalar en la comarca y que afectaría a los municipios de Artzentales, Galdames, Muskiz, Sopuerta y, en menor medida, a Zalla.

La recién creada plataforma ciudadana Enkarterrin Parke Eolikorik Ez, surgida con el propósito de paralizar el «megaproyecto» propuesto por la promotora Euskal Haizie S.L., ha convocado a los ciudadanos y ciudadanas en tres puntos diferentes –en la plaza San Miguel de Artzentales, en Santa Ana (Sopuerta) y en el barrio Alen (Sopuerta)– este domingo por la mañana. Los tres grupos han partido al monte Alen, de 802 de altura, y al mediodía han convergido en el collado Tres Picos para realizar allí una concentración contra el proyecto eólico.

Ocho aerogeneradores

El parque eólico de Euskal Haizie, empresa con sede en Meñaka y que partió su andadura a principios del 2021, plantea instalar ocho aerogeneradores de 200 metros de altura desde la cima del monte Torrelaseta, en Artzentales, pasando por el monte Alén en Sopuerta –monte que alberga una importante estación megalítica–, hasta el monte Mello, en Galdames y Muskiz.

A juicio de Enkarterrin Parke Eolikorik Ez, «este proyecto supone un gran deterioro ecológico, hidrológico, paisajístico, así como la devaluación económica» de los núcleos urbanos más cercanos.

La plataforma aclara que es consciente de que la CAV necesita desarrollar «sus propias fuentes de energía» y que estas deben ser renovables, pero reclama que proyectos como el de Euskal Haizie deben estar sujetos a un «riguroso análisis» y que tienen que ser «ambientalmente garantistas». «Renovables sí, pero no así», reivindican.

En lugar del «macroproyecto eólico» que se plantea instalar en Enkarterri, la plataforma apuesta por promover «una planificación de comunidades energéticas a nivel local».

Motivos para rechazar el proyecto

Enkarterrin Parke Eolikorik Ez ya trasladó los motivos por los cuales sus integrantes y otros ciudadanos y ciudadanas de la comarca se posicionan en contra del parque eólico. En primer lugar, aclara que incumple las normativas ambientales vigentes del Estado español, de Lakua y de la Diputación Foral de Bizkaia, porque el cordal del monte Alén-Mello «alberga una riqueza cultural y natural única».

Advierte además que las aspas de tres palas, de 85 metros cada una, son «una trituradora de aves y murciélagos», algunas de ellas especies protegidas. También creen que el ruido de esas palas generará molestias a los vecinos y las vecina que viven a menos de un kilómetro de la zona.

El impacto paisajístico que provocarían tanto los aerogeneradores como las pistas de acceso que se construirían también preocupa a la plataforma, al igual que la «pérdida de valor» económico que prevé conllevaría la instalación del parque. «Porque habrá una pérdida del valor del suelo, del monte público y del precio de las viviendas. Además de pérdidas económicas para el turismo y las actividades basadas en el carácter rural, forestal y natural como los 22 agroturismos existentes», arguye.

Moción en Sopuerta

A finales de noviembre, a iniciativa de la plataforma ciudadana, el Ayuntamiento de Sopuerta aprobó una moción donde mostró su rechazo al parque eólico que pretende construir Euskal Haizie «por ser una amenaza al potencial económico, riqueza natural, ecológica y cultural del municipio» y se comprometió a solicitar al Gobierno de Lakua la paralización de este proyecto hasta la aprobación del Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables de la CAV.

Entre otras cuestiones, la moción aceptada recogía varios puntos para promover la creación de comunidades energéticas.

Un imputado al frente del proyecto

Resta confianza al proyecto eólico el hecho de que el apoderado de la empresa Euskal Haizie fuera imputado en el caso de corrupción que se denominó como la ‘Trama Eólica’ perpetrada en Castilla y León entre los años 2000 y 2015. Se trata de Pedro Barriuso Otaola, el que fuera director de negocio de Iberdrola.

Investigado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid por haberse beneficiado supuestamente de concesiones ilegales, la Fiscalía solicitó para Barriuso seis años de cárcel. Sin embargo, la compañía eléctrica se hizo cargo de los 390 millones de euros que el juez solicitó contra Pedro Barriuso y otros dos directivos de Iberdrola.