El monte Agerreburu es una modesta elevación, 245 metros de altitud, que se alza al este de la localidad guipuzcoana de Hernani. En la parte alta resisten las ruinas de un viejo fuerte construido a finales del siglo XVIII, y en su cima se erige una ermita consagrada a Santa Bárbara. Es este el nombre con el que popularmente se conoce a este paraje.

Santa Bárbara es sobre todo célebre por su zona de escalada, unas paredes de roca caliza desgastadas por el trajín de los pies de gato de aficionados y aficionadas de Donostialdea y alrededores. Pero en otra de sus laderas, la que da directamente al pueblo, presenta el mordisco de una vieja cantera, en desuso desde hace muchos años.

En la legislatura 2007-2011 el Ayuntamiento, gobernado por ANV –eran los tiempos en los que la izquierda abertzale tenía que hacer malabares para esquivar las ilegalizaciones–, decidió rehabilitar la cantera para convertirla en parque. Como primer paso adjudicó a la constructora Campezo el relleno de ese espacio con tierras naturales procedentes de otras excavaciones. Tras los pertinentes informes, el permiso para iniciar los trabajos se concedió a mediados de 2010.

La alcaldesa de Hernani cuando se concedieron los permisos era Marian Beitialarrangoitia, que posteriormente fue directora de comunicación en la Diputación de Gipuzkoa y parlamentaria tanto en Gasteiz como en Madrid bajo las siglas de EH Bildu. En 2019 regresó a su trabajo como periodista y desde entonces está alejada del foco político.

Presentada en Bizkaia

Remarca su sorpresa cuando a primeros de año se ha topado con «una denuncia anónima», en la que se le acusa de «presuntos delitos por prevaricación y contra el medio ambiente» por «autorizar el relleno de la cantera de Santa Bárbara de forma irregular siendo alcaldesa de Hernani y conocedora de que la licencia no era legal», según reza el escrito mediante el que la Fiscalía de Gipuzkoa –aunque extrañamente la denuncia fue presentada en Bizkaia– decreta la apertura de investigaciones.

Ha sido la propia Beitialarrangoitia la que ha querido hacer público el caso, después de presentar unas alegaciones en las que recuerda que dejó la alcaldía en junio de 2011 y que desde entonces «no ha tenido intervención alguna, ni directa ni indirectamente, en relación a la concesión administrativa de la explotación y aprovechamiento del vaso de la cantera ni con la ejecución de la licencia de relleno».

Añade que la licencia «otorgada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento  de Hernani era legal y se aprobó siguiendo el procedimiento establecido». De hecho, el dictamen presentado en comisión no contó con la oposición de ningún partido –el PSE votó a favor y el PNV se abstuvo– y el secretario municipal dio su visto bueno. También obtuvo luz verde de la dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del Gobierno de Lakua y de la Agencia Vasca del Agua (URA).

La denuncia apunta que Campezo recibió permiso para verter escombros y otros materiales tóxicos para terminar con rapidez el relleno y así poder inaugurar el parque lo antes posible. Esto choca con el hecho de que seis años más tarde la empresa asumió que no podía hacer frente a los compromisos adoptados, porque la crisis de la construcción dificultaba disponer de tierra para el relleno, y optó por desistir del contrato. El espacio sigue a la espera de ser rehabilitado.

A nivel local

Antes de dar el salto al ámbito judicial, el asunto tuvo eco a nivel local de la mano del portavoz municipal jeltzale, Andoni Amonarraiz, que justo hace un año se preguntaba en la web del Gipuzku Buru Batzar «por qué EH Bildu no actúa contra los responsables de que el relleno de la cantera no cumpla la ley». En este texto se reconoce que Injelan, la empresa encargada de la dirección de obra –y por tanto de controlar los vertidos–, no detectó ninguna irregularidad, aunque luego asegura que otro estudio posterior de Geologías y Geotecnia Larrea observó «dos zonas con materiales no conformes» a lo estipulado en el permiso. 

En sus alegaciones, Beitialarrangoitia apunta que en todo el procedimiento la información de la que dispuso fue «la facilitada por los diferentes técnicos municipales», por lo que «la afirmación recogida en la denuncia respecto de que conocía que la licencia era ilegal, además de no ser cierta es absolutamente gratuita». También niega, contrariamente a lo que dice la denuncia, que mantuviera «reunión alguna con representantes de Campezo Construcción para autorizarles el relleno de la antigua cantera con materiales de suelos contaminados».

Explica asimismo que hasta que ella dejó la Alcaldía –solo un año después de la concesión del permiso– los informes enviados mensualmente por Injelan constataban que el relleno se estaba llevando a cabo con tierra.

«Posible interés electoral»

En declaraciones a NAIZ, Beitialarrangotia ha denunciado la «indefensión» que supone tener que hacer frente a una denuncia anónima. Sus sospechas son que tras la misma «se esconde un posible interés electoral», habida cuenta de que restan cuatro meses para los comicios municipales y forales.

«He entregado toda la documentación de la que dispongo a la Fiscalía, con la confianza de que el resultado sea el archivo de las diligencias, pero antes de eso se extiende una duda que puede quedar instalada en algunas personas. Tiene una intencionalidad y se produce un daño», lamenta.  

«Nunca se ha autorizado el vertido de material contaminado. De hecho, el permiso concreta qué tipo de tierra se puede verter y qué tipo de tierra no se puede verter», concluye tajante.