Más de 120 abogados de Gran Bretaña han firmado una declaración difundida este viernes por la que se niegan a representar a empresas con nuevos proyectos de combustible fósil y a actuar como acusación contra activistas del cambio climático.

La llamada Declaración de Conciencia, suscrita por algunos letrados de renombre, se presentará oficialmente el 29 de marzo delante de los Reales Tribunales de Justicia de Londres, ha informado en un comunicado la ONG Plan B, dedicada a demandar a infractores de los compromisos climáticos.

En la declaración, los firmantes constatan que el Parlamento británico, al igual que en otros Estados, declaró en 2019 una «emergencia climática» y lamentan que se está incumpliendo el límite de 1,5 grados de calentamiento del planeta establecido en el acuerdo de París de 2015.

Los abogados hacen un llamamiento al Gobierno y a sus colegas de profesión para que «hagan lo que puedan para abordar las causas y las consecuencias del clima y las crisis ecológicas y para avanzar en una transición justa hacia la sostenibilidad».

Afirman que apoyan «el derecho democrático de manifestación pacífica, en particular la protesta pacífica dirigida a llamar la atención sobre la crisis climática».

Los letrados concluyen diciendo que no ofrecerán sus servicios para «apoyar nuevos proyectos de combustible fósil» ni para acciones legales «contra los manifestantes climáticos que ejercen su derecho democrático a protestar de manera pacífica».

Posibles medidas disciplinarias

Plan B dice que los letrados firmantes se enfrentan ahora a posibles medidas disciplinarias, por vulnerar una regla que les obliga a hacerse cargo de cualquier caso dentro de su competencia.

La organización benéfica asegura que «esta es la primera vez en la historia legal (británica) que los abogados se involucran en un acto colectivo de desobediencia civil».

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados, Nick Vineall, lamentó en un comunicado que sus colegas vayan a romper la norma que «evita que los abogados se nieguen a trabajar porque no están de acuerdo con los actos o puntos de vista de quienes buscan sus servicios».

«Me disgustaría si a un activista del cambio climático acusado de un delito de orden público se le impidiera obtener los servicios del abogado de su elección porque el abogado elegido desaprobara la forma de su protesta», citó como ejemplo.