El número de jirafas y de otros animales grandes y emblemáticos, como elefantes y rinocerontes, ha caído en picado. Las jirafas figuran ahora en la lista de especies en peligro de extinción. En un estudio publicado en la revista ‘Global Change Biology’, un equipo científico liderado por la Estación Biológica de Doñana-CSIC, la Universidad Estatal de Pensilvania y el Wild Nature Institute ha demostrado que la aplicación eficaz de la ley que protege a las jirafas de la caza ilegal es la mejor manera de mantener sanas y prósperas a sus poblaciones.

Las jirafas son físicamente grandes, por lo que necesitan mucho espacio para moverse. También viven mucho tiempo, casi 30 años y tardan en reproducirse: las hembras dan a luz por primera vez a los 6 años y, a partir de entonces, sólo tienen una cría cada dos años aproximadamente. En la actualidad, las jirafas están cada vez más amenazadas por uno de los depredadores más astutos: el ser humano.

Los cazadores furtivos las matan para vender su carne y partes de su cuerpo en los mercados de carne de animales silvestres. Además, las jirafas están perdiendo su hábitat natural de sabana debido a la expansión urbana y agrícola y también están sufriendo los estragos del cambio climático, el cual está aumentando las lluvias torrenciales que ayudan a propagar enfermedades que causan la muerte de las jirafas.

«Para conservar a las jirafas necesitábamos saber qué presiones naturales y humanas están afectando más en el declive de su población y si éramos capaces de emprender acciones para mitigar las amenazas», comenta Maria Paniw, investigadora del a Estación Biológica de Doñana. Para ello, el equipo científico se propuso investigar cómo afectaban los cambios en el uso del suelo, la caza ilegal y la pluviosidad a la abundancia de jirafas masái en la región de Tarangire, en Tanzania, al este de Africa. Esta región alberga dos parques nacionales, un rancho ganadero dedicado al ecoturismo y varias aldeas con diferentes niveles de conservación de la tierra y la fauna.

El equipo realizó un seguimiento de las jirafas de la zona durante casi una década para saber cómo influye cada una de estas amenazas en su supervivencia. A continuación, combinaron la información obtenida en estudios anteriores para crear un modelo basado en individuos que simulaba de forma realista la dinámica de la población y el riesgo de extinción en diferentes escenarios de cambio ambiental a lo largo de 50 años.

Pusieron a prueba una serie de amenazas para la persistencia de las jirafas en este sistema, como la expansión de las ciudades a lo largo de los límites de la zona de estudio, la pérdida de conectividad entre las zonas claves del hábitat, la mejora o reducción de la aplicación de la ley sobre la vida salvaje, los cambios en la presión de depredación sobre las crías de jirafa debido a cambios en las poblaciones de leones y ñus, o la mayor frecuencia de episodios de lluvias torrenciales. También probaron distintas combinaciones de escenarios, así como de acciones de gestión que podrían mitigar las amenazas.

«Nuestro estudio demostró que el mayor riesgo de disminución de la población y extinción de las jirafas se debe a una aplicación más relajada de la ley sobre la fauna salvaje, lo que provoca un aumento de la caza furtiva», explica la investigadora de la Estación Biológica de Doñana. «Además, una aplicación más dura de la ley mitigaría los efectos de los aumentos más extremos previstos de las lluvias torrenciales y la expansión de las ciudades». Los resultados, en definitiva, ponen de relieve la gran utilidad de la aplicación de la ley como herramienta de conservación de la naturaleza.

Ganadería extensiva

Además, el estudio demostró que las jirafas se benefician de la presencia de ganadería extensiva en los pastizales que comparten y que se sitúan fuera de los parques nacionales. Los problemas surgen cuando estos terrenos se convierten en granjas y cuando las ciudades se extienden por el hábitat y obligan a las jirafas a desplazarse distancias más largas para encontrar comida y agua. También cuando se matan jirafas para los mercados donde se vende carne de animales salvajes.

El equipo científico recomienda que se endurezca la aplicación de la legislación sobre fauna salvaje en los territorios que se sitúan fuera del parque nacional. También sería necesario que se promovieran medios de vida legales para la gente local para reducir esa necesidad percibida que puede constituir la caza furtiva como medio para obtener ingresos. Además, también sería importante proteger de la agricultura, la minería y cualquier infraestructura los caminos que utiliza la fauna salvaje para desplazarse a hábitats de mejor calidad.

«Con estas medidas, estimamos que la población de jirafas de la región de Tarangire aumentaría con el tiempo y esto ayudaría a la recuperación de esta especie en peligro, garantizando al mismo tiempo que las personas y las jirafas prosperen de forma conjunta», concluye Paniw.