El Tribunal de Cuentas ha emitido un informe que pone en cuestión el funcionamiento del sistema de expulsión de personas en situación irregular que rige en el Estado francés y que, según considera, es poco eficaz además de muy costoso.

El informe, fechado el 4 de enero, constata que hay una promulgación masiva de órdenes de abandonar el territorio francés o OQTF, lo que hace que no se pueda dar salida a las mismas, por motivos que van del «atasco» en los servicios de Prefectura al «bloqueo» que plantean en no pocos cascos los países de origen a la hora de recibir a los retornados forzosos.

El informe se conoce apenas dos semanas después de la aprobación de la nueva «ley contra la inmigración ilegal», que el ministro de Interior, Gérald Darmanin, sacó adelante en la Asamblea Nacional con los votos a favor de centristas, conservadores y ultraderecha.

De acuerdo al informe del Tribunal de Cuentas, en 2022, las autoridades francesas emitieron 153.042 órdenes de expulsión, de las cuales 134.280 tomaron la forma de una OQTF, modalidad que exige a la persona que recibe la notificación dejar el territorio francés de forma voluntaria en un plazo máximo de 30 días.

En ciertos casos, la Prefectura puede emitir una OQTF que no incluye esa salida voluntaria, lo que implica, por lo habitual, una detención en Centro de Retención, con vistas a una ejecución rápida de la expulsión, en un plazo que no debe exceder las 48 horas.

En 2022, París expulsó a 11.406 personas, incluidas 7.214 afectadas por «expulsiones forzosas» que ponen difícil interponer recurso, alertan los abogados que se ocupan de hacer valer los derechos de estas personas.

La institución que preside el socialista Pierre Moscovici remarca esa importante brecha entre las medidas de expulsión pronunciadas y las finalmente ejecutadas, para destacar que apenas una de cada diez órdenes de salida del territorio llega a materializarse.

Expulsiones de «personas que han cometido delitos»

La nueva legislación, sobre la que debe pronunciarse todavía el Consejo Constitucional, contempla rescatar como figura delictiva la presencia irregular en el Estado francés, un retorno cuarenta años atrás, según las asociaciones de apoyo a personas migrantes.

Hoy por hoy, esa estancia irregular en territorio francés es una falta administrativa.

Desde el verano de 2022, las autoridades galas centran sus esfuerzos en materializar las expulsiones de «personas que representan una amenaza para el orden público o que han sido condenadas penalmente«, una prioridad que no cuestionan los autores del informe.

Analizando el periodo 2019-2022, el Tribunal de Cuentas constata que cuando un procedimiento de expulsión se inicia por «amenaza al orden público», se lleva a cabo en el 23% de los casos, mientras que cuando hay condena penal se materializa en el 45% de los casos. Por el contrario, una OQTF expedida contra una persona a la que se le ha denegado el asilo o el permiso de residencia sólo da lugar a la expulsión en el 2% de los casos.

La evolución se traslada a los CRA o centros de retención administrativa, según el Tribunal de Cuentas. Así, en diciembre de 2022, el 91% de los detenidos a espera de ser expulsados se tipificaban como «una amenaza al orden público» o como «personas radicalizadas».

Desde otra perspectiva, La Cimade ha denunciado el aumento del número de personas detenidas y del tiempo de permanencia en alguno de esos 25 ce centros de retención administrativa existentes en el Hexágono, uno de los cuales se encuentra en Hendaia.

Salidas voluntarias frente a regresos forzosos

Tras conocerse el informe del Tribunal de Cuentas que, según señala la agencia AFP, cifra en 1,8 millardos el costo de la política de expulsiones actualmente en vigor, el Ministerio del Interior defendía ese aumento del 30% en un año en las expulsiones de «extranjeros delincuentes», con 4.686 personas expulsadas en 2023 frente a 3.615 en 2022.

Las asociaciones remarcan que tras esas «políticas de cifras» se esconde una vulneración generalizada de derechos en la que la nueva ley profundizará al contemplar, entre otras medidas, que se reduzca la capacidad de interponer recurso a la expulsión, por no hablar de la puesta en cuestión del «derecho de suelo» que haría peligrar la naturalización de menores.

El Tribunal de Cuentas cree que el Ejecutivo debería «organizarse mejor» en lo que se refiere al reenvío de migrantes, y sugiere que podría inclinarse por fomentar los retornos voluntarios -la persona recibe unos 2.500 euros como estímulo para volver a su país- que salen menos caros que los dispositivos de expulsión forzada que, según el Tribunal de Cuentas cuestan 4.414 euros por migrante o refugiado objeto de una orden de expulsión.

En todo caso, frente a la maquinaria de propaganda que el Gobierno ha puesto en marcha para asegurar que la nueva ley permitirá aumentar exponencialmente las expulsiones, el informe del organismo encargado de fiscalizar las políticas públicas deja claro que ese objetivo de «ejecución del 100% de las órdenes de expulsión», evocado por el propio presidente francés, Emmanuel Macron, tras la aprobación de la nueva legislación antimigración, «es una quimera».