El lehendakari, Iñigo Urkullu, no ha respondido a las graves dudas que el parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha expuesto desde la tribuna sobre el envío de lixiviados desde la incieradora de Zubieta a la empresa Ecofert de Artaxoa y que esta planta de tratamiento no podía recibir. La pasada semana, el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Nafarroa, José María Aierdi, dejó claro que el contrato decía que Zubieta debía remitir sólidos y enviaba líquidos.

En esta cuestión hay dos planos paralelos. Por un lado, que la incineradora de Zubieta enviaba líquidos codificados como lodos, lo que se está investigando judicialmente como un caso de falsedad documental. Y el otro plano es que la empresa Ecofert estaba admitiendo residuos que tenía prohibido recibir, por lo que el Gobierno navarro está procediendo a su cierre.

El plano que corresponde determinar al Gobierno de Lakua es el del envío de lixiviados como si fueran sólidos. El parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha comenzado su intervención diciendo que no quería acabar la legislatura preguntando sobre residuos al lehendakari, más aún teniendo en cuenta que hace cuatro años se cerró con el vertedero de Zaldibar derrumbado y en llamas, pero como la consejera Arantxa Tapia no estaba en el pleno, se dirigía a él para saber si los envíos mal codificados denunciados por el Ejecutivo navarro contaban con el visto bueno de Lakua.

Urkullu menciona normas superadas

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha respondido escuetamente que la incineradora de Zubieta envió los residuos codificados y que el Gobierno que preside ratifica el residuo codificado con el LER 190812.

Ha concretado que esa codificación se ha hecho de acuerdo a lo recogido en la decisión de 2014 de la Unión Europea y en la guía informativa aprobada también por la misma Unión Europea. Pero ocurre que tras una sentencia de la jurisprudencia europea de 2019 hay nuevos procedimientos, que están recogidos en la "Guía Técnica para la Clasificación de Residuos" aprobada en noviembre de 2021 por el Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico", que deja claro que en residuos como estos de Zubieta, si no hay un análisis previo para su caracterízación –y no consta que existiera antes del 15 de enero de 2024– el residuo debe ser considerado peligroso.

Mikel Otero pide aclaraciones

A su vuelta a la tribuna, Mikel Otero le ha comentado al lehendakari que suele decir que es partidario de los datos y por ello le ha pedido algunos que todavía están pendientes. Y la primera que ha expuesto el parlamentario es si la incineradora tiene «autorización para generar los lixiviados que mandó a Nafarroa». Apuntando que «hasta donde sabemos nosotros, no», por lo que «espero que usted lo pueda aclarar», ha dicho.

La segunda pregunta ha sido la de si se hizo una caracterización de esos residuos antes de empezar a ser enviados a Artaxoa antes de verano de 2022. Y ha vuelto a comentar que «hasta donde sabemos nosotros, no» y volver a pedir una aclaración.

En tercer lugar, Mikel Otero ha preguntado que «si no se caracterizaron», es decir, si no se analizaron en ningún momento antes de mandarlos a Nafarroa «por qué no se consideraron, desde Lakua, como residuos peligrosos como marca la jurisprudencia europea desde 2019».

Después, el parlamentario ha incidido en que «si la incineradora de Zubieta obtuvo un 25 de diciembre, día de Navidad, un permiso de Lakua para verter lixiviado por qué siguió generando y enviando lixiviados siendo verter y generar incompatibles». Es más, «¿por qué se siguieron enviando, hasta diciembre de 2023, una vez abiertas las diligencias judiciales?».

A esto ha añadido Mikel Otero la pregunta de si «independientemente de todo lo anterior, aunque Zubieta tuviera permiso para generar lixiviados, aunque fueran caracterizados, aunque fuera correcto el código 190812 ¿era posible mandar desde una incineradora o de una planta de tratamiento mecánico biológico lixiviados a una planta que generaba fertilizantes orgánicos?» Y se ha respondido con un nuevo «hasta donde sabemos nosotros, no».

Pero Otero ha asegurado que por encima de todo, lo que más le preocupa es que «todo lo que está pasando, la investigación judicial, la del Gobierno de Nafarroa, el cierre cautelar de Ecofert» sobre todo eso «tenía información Lakua a través del programa de vigilancia ambiental de 2022 de la incineradora» pero Lakua no ha hecho nada cuando «precisamente era el encargado de su vigilancia y control. Y,  sin embargo, «el Gobierno vasco no vio nada».

El parlamentario de EH Bildu le ha dicho al lehendakari que esto exige responsabilidades, porque no es lícito que sea la ciudadanía quien padezca los efectos de este descontrol. Si la ciudadanía ya desconfía de las instituciones en estos temas, lo que se ha conocido no ayuda a generar confianza. Otero le ha reprochado que «esto no es solo un tema técnico sino también político. ¿Para qué han servido estos cuatro años? ¿Dónde está el cambio de rumbo que se anunció tras el desastre de Zaldibar, la promesa de más rigor?»

Urkullu responde a otras cosas

El lehedakari ha acusado a EH Bildu de tener emitida ya su sentencia de que el Gobierno es culpable de poner en peligro la salud de toda la ciudadanía, de que le hace preguntas pero ya dice tener las respuestas. También les ha espetado que solo cogen la información que quieren para ir completando su verdad y que así la información objetiva no acabe con sus prejuicios.

Sin embargo, Urkullu no ha aprovechado la oportunidad de resolver las dudas expuestas por Otero. Cuando ha dicho «señor Otero, le aportaré una serie de datos objetivos» lo que ha hecho es remitirse al núcleo de un comunicado de Lakua ya publicado. Lo primero que ha dicho, como allí se recoge, es que «la correcta codificación de un residuo en origen y el cumplimiento de las características de su codificación como residuo no peligroso no implican automáticamente que sea apto para cualquier uso».

Segundo, ha añadido el lehendakari, «corresponde al productor de un residuo entregárselo a un gestor autorizado bien identificado y con la información necesaria para su adecuado tratamiento».

En tercer lugar ha expuesto que «corresponde a las entidades o empresas que realicen una actividad de tratamiento de residuos efectuar las comprobaciones oportunas para proceder a la recepción y en su caso aceptación según lo convenido en el contrato de tratamiento».

Cuarto, Urkullu ha recordado «que Ecofert es un gestor autorizado radicado en Nafarroa por lo que el Gobierno vasco no es competente para fiscalizar el cumplimiento de las autorizaciones e instalaciones radicadas en otros territorios».

Y quinto, ha asegurado que «el Gobierno vasco desconoce los motivos por los que se ha procedido a la clausura de esta empresa».

La respuesta del lehendakari se ha basado en un comunicado ya hecho público la semana pasada por el Gobierno de Lakua, pero en ningún momento ha respondido a si la codificación en origen fue la correcta, no cómo se puede hacer sin ningún análisis y, sobre todo, por qué la incineradora de Zubieta produce lixiviados que según su autorización ambiental no debieran existir.