Italia, Chequia, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Grecia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumanía y Finlandia han enviado a la Comisión Europea (CE) una carta en la que piden que sea posible trasladar a solicitantes de asilo a países terceros no pertenecientes al club comunitario y considerados seguros, y abogan por un acuerdo como el cerrado entre Italia y Albania para la política migratoria de los Veintisiete.

«Para reducir la presión general sobre nuestra gestión migratoria, es importante que los Estados miembros tengan la posibilidad de transferir aquellos solicitantes de asilo para los que hay disponible una alternativa segura en un país tercero a dichos países», exponen las quince naciones.

Plantean que las personas interceptadas o rescatadas en alta mar podrían ser trasladadas a «lugares seguros predeterminados en un país socio fuera de la UE, donde soluciones duraderas para esos migrantes podrían encontrarse, también a partir de modelos como el de Italia y Albania».

Esos dos países alcanzaron el 6 de noviembre de 2023 un acuerdo, con vigencia de cinco años, para retener hasta 18 meses en dos centros en suelo albanés a migrantes y refugiados rescatados por las autoridades italianas en el Mediterráneo. El pacto contempla la construcción en Albania de dos centros de identificación y acogida para las personas rescatadas en el Mediterráneo, con una capacidad máxima de 3.000 personas al mes o 36.000 al año.

El objetivo es que en esos centros –sufragados por Italia– se tramiten las solicitudes de asilo y que también desde allí sean repatriados aquellos a quienes se les deniega ese estatuto, lo que reduciría el número de inmigrantes en territorio italiano.

Para mejorar las asociaciones con países terceros, los firmantes de la misiva enviada a la CE proponen inspirarse en el acuerdo entre la UE y Turquía de 2016 o en el memorando de entendimiento entre el bloque comunitario y Túnez cerrado el año pasado.

«La más estricta de la historia» 

Unas horas antes de que se conociera la petición de los quince Estados miembros de la UE, se anunciaba un acuerdo de gobierno en Países Bajos liderado por el ultraderechista Partido de la Libertad (PVV) de Geert Wilders, cuyo primera decisión será introducir «la política de asilo más estricta de la historia».

Casi seis meses después de la sorprendente victoria electoral de  Wilders los líderes del PVV, el campesino BBB, el Liberal VVD y el anticorrupción Nuevo Contrato Social (NSC) alcanzaron un acuerdo para formar un Gobierno de coalición, del que no será primer ministro.

Aún no está claro quién dirigirá el nuevo Ejecutivo, que da un brusco giro a la derecha, y sustituirá a Mark Rutte, candidato al puesto de secretario general de la OTAN. El nombre que más circula es el del exministro de Educación e Interior Ronald Plasterk.

Tras obtener su victoria, Wilders se disponía a convertirse en primer ministro, pero al menos uno de sus socios de coalición amenazó con torpedear un pacto si lo hacía.