La nueva consejera de Justicia y Derechos Humanos del Ejecutivo de Lakua, María Jesús San José, ha pasado por el Parlamento este miércoles como han hecho ya casi todo el resto de miembros del Gabinete. Tras las sucesivas apariciones de estas semanas en que ha hecho hincapié en la exigencia de «arrepentimiento» para las personas presas por condenas relacionadas con ETA, hoy ha matizado que no se harán «distinciones» entre estos prisioneros y otros a la hora de aceptar progresiones de grado y que se mantendrá la apuesta por la Justicia Restaurativa para «el mayor número de delitos posibles».

Ello supone dar por buenos los criterios marcados por el juez Jaime Tapia desde que se asumió la competencia en octubre de 2021. En estos tres años ha sido el PNV quien ha dirigido esta consejería, pero ahora ha pasado a manos del PSE con un discurso más duro de entrada. El propio Tapia contradijo algunas consideraciones de San José en esta entrevista en Naiz Irratia al explicarle que «ya existe el arrepentimiento, no hace falta llegar a la humillación».

Este miércoles, San José ha asegurado compartir el objetivo principal de «reinserción», matizando acto seguido que para que «sea un éxito real» hace falta que las víctimas «entiendan las medidas que se adoptan» para cada preso, algo que ve «especialmente sensible» en el caso de víctimas de violencia machista, agresiones sexuales y «terrorismo». Con este objetivo se elaborará un nuevo protocolo de información a las víctimas.

Ha explicado que en la actualidad hay unos 1.600 reclusos en Zaballa, Basauri y Martutene que son tratados de forma «individualizada» por lo que no hay «ningún tratamiento especial para los presos de ETA», que representan en torno al 8 % del total. «Es un error político tratarlos como un colectivo», ha remarcado.

Las progresiones a tercer grado se harán según la ley y «sin hacer distinciones» por el tipo de delito ya que «hacerlo sería prevaricar», ha constatado la consejera. Cabe recordar que según el informe presentado por Sare en agosto, en los últimos doce meses el ritmo de progresiones aceptadas se ha acelerado pero queda muy lejos de las legalmente posibles. Al Departamento de Justicia no le debería corresponder más que aceptar las solicitudes de las Juntas de Tratamiento de las prisiones, que se posicionan tras el análisis de cada caso concreto.

Plantilla ampliada

En cuanto a la gestión penitenciaria, la consejera ha avanzado que cuando el Gobierno de Lakua reciba la nueva cárcel de Zubieta y se trasladen a ella los reclusos ahora en Martutene «se solucionarán a corto plazo los problemas de ocupación».

Cuando se reciban esas instalaciones se revisarán las plazas óptimas y máximas de las cárceles vascas y se aumentará plantilla penitenciaria hasta los 829 trabajadores, 155 más (+23 %) que las que el Ministerio español de Interior transfirió hace tres años.

Se creará una Dirección de Servicios Penitenciarios, se prestará más atención a la salud mental de las personas presas y se reforzará la colaboración con Lanbide de Aukerak, la agencia de reinserción sociolaboral para internos.

«Deslegitimar»

En cuanto a la Memoria y los Derechos Humanos, ha abogado por construir una «memoria crítica claramente deslegitimadora de cualquier vulneración de derechos humanos por motivación política» con una mirada especial hacia la juventud para que «sepan lo que ha pasado y eviten que vuelva a pasar».

Así, San José ha insistido en que hay «explicar con claridad y rigor» que «hubo grupos terroristas como ETA que decidieron organizarse para eliminar al diferente», que hubo personas que «haciendo un uso ilegítimo del poder, policial o judicial, decidieron sobre la vida y la integridad de las personas también con fines políticos» y que durante la guerra de 1936 «se asesinó, esclavizó, torturó» y después se impuso «un sistema totalitario que vulneraba los derechos humanos».

«Es inaceptable hablar de la dictadura como una etapa histórica y del terrorismo como un ciclo», ha resumido.