Ruth Alonso, magistrada de Vigilancia Penitenciaria de la CAV, ha confesado este viernes en su intervención en el Primer Congreso de Derecho Penitenciario que se ha celebrado en Bilbo que su juzgado está «saturado» por los asuntos sobre los que se tiene que pronunciar. «Os pido un poco de paciencia», ha dicho a los y las letradas que llenaban el salón de actos del Colegio de la Abogacía de Bizkaia.

La juez, que lleva al frente del mismo desde 1989 –salvo el periodo de 2003 a 2007 en que estuvo en la Sección Primera de la Audiencia de Bizkaia– ha desvelado en que, en el primer semestre del año, han tramitado más recursos que en todo el ejercicio anterior. Para mostrar la tarea a la que se enfrenta, ha indicado que en la primera semana de septiembre ha dictado 140 autos.

«Tenemos mucho trabajo, el juzgado está saturado y muchas personas de mi equipo se han jubilado o están de baja», ha descrito Alonso, que en julio pasado fue reconocida por el Ejecutivo de Lakua con el premio Francisco Javier Elosegi por su labor en la reinserción de las personas presas y la defensa de los derechos humanos, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de Nelson Mandela.

Alonso es la responsable de resolver los recursos de reforma y apelación que se interponen contra la denegación de permisos ordinarios y extraordinarios. En su intervención, seguida entre otros por el director de la cárcel de Zaballa, Benito Agirre, ha agradecido el trabajo de las Juntas de Tratamientos de esta prisión y de las de Basauri y Martutene. Cabe recordar que los dictámenes de estos órganos formados por profesionales, tras ser sellados por el Gobierno de Lakua, han sido revocados por la Audiencia Nacional a menudo en el caso de presos y presas vascas.

La magistrada ha detallado las razones por las que otorga permisos ordinarios y extraordinarios. Estos últimos son en su mayoría por fallecimiento, enfermedad grave o nacimiento de familiares y allegados de las personas presas. Los «problemas», ha comentado, son con otros supuestos con los que se suele topar, que requieren comprobar los motivos de la solicitud.

Un caso, ha citado, es el de un recluso que quiere mantener un encuentro con un hijo en un punto de encuentro, al que suele acudir con custodia policial. Los «más complicados», las peticiones relacionadas con bautizos, bodas o comuniones que Instituciones Penitenciarias no concede. Alonso ha señalado que en su juzgado se han concedido porque son un «incentivo» para la reinserción social de los beneficiarios.

La duración de los permisos no pueden exceder de siete días. «Lo normal es que sean por horas», ha precisado. Los tramita el director del centro penitenciario tras informe de idoneidad de Lakua y comunicado a la junta de tratamiento correspondiente.

Además, en la amplia causística de asuntos, se encuentran los permisos por horas relacionados con consultas médicas e intervenciones quirúrgicas, aunque hay un límite de 7 días. La magistrada ha comentado que cada vez tiene más solicitudes relacionadas con la medicina privada.

«Relajar tensiones»

Respecto a los ordinarios, la titular de Vigilancia Penitenciaria ha explicado que ayudan a prepararse para la libertad, son un «instrumento de observación» para los equipos técnicos y las juntas de tratamiento, apoyan los procesos de reeducación y reinserción social, y sirven para «relajar tensiones» derivadas de la privación de libertad siendo un «motivo de esperanza» para los reclusos.

Necesitan de un informe técnico previo a la propuesta de las juntas de tratamiento. No pueden exceder de seis noches y el tope es de 36 jornadas para los presos en segundo grado y de 48 para los de tercero siempre que haya «una buena condcuta». Ha manifestado que hay muchos casos diferentes.

Una de las razones que se esgrimen para desestimar las peticiones de permisos es la «mala conducta». Ruth Alonso ha profundizado en la jurisprudencia del Supremo español, citando que es «un presupuesto de ponderación técnica» de todas las circunstancias que hacen referencia al comportamiento y actitud del preso, por lo que una mera sanción grave o muy grave no implica que se forma automática se deniegue la solicitud.

La magistrada ha subrayado que existen razones no estrictamente objetivables y hay también muchas variables de riesgo. Alonso ha abordado las carencias que existen en la atención de un 65% de internos condenados por violencia machista, para quienes no hay por ejemplo los suficientes psicólogos para abordar los programas. «Estamos intentando hacerlo con asociaciones del tercer sector», ha desvelado.

En el caso de toxicómanos lo ve como una solución, aunque en el caso de los condenados por violencia sexual se complica esa opción. Una de las condiciones que suelen aplicar a estos presos, es que no salgan del municipio donde residan por motivo del alejamiento de las víctimas.

En cuanto a las revocaciones y suspensiones, tienen que ver con la comisión de un nuevo delito. En esos supuestos, ha solicitado a los letrados que no demoren la presentación de recursos, ya que su intención es resolverlos con la mayor celeridad posible.