Podemos garantizará a PNV y PSE la aprobación de la revisión fiscal en los tres territorios. Asegura que los cambios introducidos en los últimos días configuran un «giro a la izquierda» que hace posible aprobar lo que hace semana y media fue rechazado. Hablan de mayor carga impositiva a las rentas altas.

En este caso no habrá consulta a la militancia y la decisión la han tomado los órganos de dirección del partido y afecta únicamente a Podemos y no compromete, por ejemplo, a IU o Sumar, lo que va a producir que en las Juntas Generales de Araba los componentes del grupo de Elkarrekin Podemos voten de forma contradictoria.

Los responsables de Podemos han afirmado que han adoptado una decisión responsable para beneficiar a las rentas más bajas y las personas vulnerables. Aseguran que podían haberse mantenido en una posición de oposición fácil, pero señalan que los cambios no se logran «ni con maximalismos ni con discursos ortodoxos desde el público».

Según han apuntado, con los cambios introducidos las rentas inferiores a 20.000 euros no tendrán que presentar la declaración de la renta, aunque si lo hacen y tienen un alquiler, podrían recibir un abono de hasta el 35% de los gastos de alquiler con un tope máximo de 2.800 euros. Esto se ha presentado como una «quiebra» en el sistema actual, cuando hasta ahora se les había dicho siempre que eso era imposible.

Desde Podemos se ha llamado la atención sobre la inclusión de nuevas medidas que harán que quienes más tienen más tengan que pagar. En ese sentido, las rentas de más de 68.000 euros no podrán hacerse deducciones en vivienda.

Las rentas de capital en su tramo más alto pasarán de tributar el 25% de tipo máximo al 28%, y lo mismo ocurrirá con los beneficios extraordinarios de las grandes empresas.

Según han destacado Richard Vaquero y Eneritz de Madariaga, otro de los logros ha sido que las diputaciones se comprometen a que entre marzo y abril enviarán al Eustat para su remisión al Ministerio Vivienda la información de la que dispongan para la elaboración de los índices de referencia.

Satisfacción de PNV y PSE

El todavía presidente del EBB, Andoni Ortuzar, y el secretario general del PSE, Eneko Andueza, han coincidido en mostrar su satisfacción por el acuerdo alcanzado con Podemos, y también en criticar a PP y EH Bildu, acusándoles de no haber querido entrar a la negociación.

Ortuzar, a través de una intervención grabada y con corbata morada, ha afirmado que «en tiempos de incertidumbre como los que vivimos, hemos creído necesario actualizar la fiscalidad, protegiendo a las rentas más bajas y dando seguridad a las rentas medias de nuestra sociedad. Proteger a quienes más lo necesitan, las clases medias y trabajadoras, abordando igualmente mejoras en problemas básicos como el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y en régimen de alquiler; en el apoyo a la conciliación con el cuidado de menores y personas dependientes; en la igualdad efectiva de género, fomentando el emprendimiento femenino; o en el impulso a la transición verde en el horizonte de crisis climática. Y todo ello sin incidir negativamente en la recaudación, elemento clave para el sostenimiento de los servicios públicos».

Eneko Andueza, por su parte, ha destacado el papel jugado por su partido para evitar que el pacto se escorara hacia el PP y el liderazgo que ha tenido para hacer girar a la izquierda el acuerdo. Preguntado sobre la nota que hizo pública el EBB hace unos diez días diciendo que la propuesta que había rechazado Podemos era la definitiva para todos y sobre si había habido nuevos cambios, Eneko Andueza ha respondido que «a la vista está que algo se habrán tenido que mover».

También las tres diputaciones se han felicitado por el acuerdo alcanzado y que les permitirá aprobar su revisión fiscal.

EH Bildu: «Camino fácil»

Por parte de EH Bildu, su responsable de política institucional, Unai Urruzuno, ha criticado que se haya tomado «el camino fácil» de presentar un catálogo de deducciones, en lugar de una reforma fiscal en profundidad que garantice a futuro el sostenimiento de los servicios sociales.

A su entender, «estar a la altura del nuevo ciclo económico es reforzar nuestras administraciones, dotarlas de los suficientes recursos para garantizar tanto los servicios públicos como el bienestar de la ciudadanía y protegerla. Y, para ello, es imprescindible asegurar la suficiencia económica. En definitiva, una reforma fiscal en profundidad, no un listado de deducciones».

Ha sostenido que la revisión fiscal pactada es solo «maquillaje» y ha incidido en que «en este momento volvemos a reiterar la necesidad de que se responda a las siguientes dos cuestiones. Preguntas que hasta la fecha no se han querido responder y son, para EH Bildu, nucleares en el debate fiscal: ¿Cómo se va a garantizar la calidad de los servicios públicos?  ¿Cuál es el modelo social, económico y de competitividad se quiere promover?»

Urruzuno ha señalado que ya se sabía que PNV y PSE estaban en esa dirección, pero se ha mostrado sorprendido de que lo haya aceptado Podemos, que hace no tanto tildó al PNV de «cachorrillos de Repsol» y acusó a los jeltzales de acudir siempre en rescate de los poderosos. EH Bildu ha destacado que ahora ha sido Podemos quien ha salido en rescate del PNV.

Por último, Unai Urruzuno ha apuntado que les «llama la atención que Podemos ahora no vaya a hacer una consulta a sus bases. Si tan bueno es este acuerdo para la ciudadanía vasca, no entendemos esta renuncia».

Ezker Anitza IU lo critica desde dentro

Ezker Anitza-IU ha expresado su rechazo al acuerdo fiscal anunciado este jueves. Esta formación, que forma parte de los grupos forales morados, asegura que no ha sido partícipe de la negociación que corresponde exclusivamente a Podemos y no a los grupos que compartimos en las Juntas Generales de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa. Para la dirección colegiada de «Euskadi sigue necesitando una reforma fiscal de calado que avance en progresividad y la justicia fiscal y no un maquillaje que no corrige las
desigualdades y reduce, aún más, la capacidad de recaudación».

En un comunicado, esta formación aclara que «en lo relativo a la creación de nuevos impuestos a las entidades financieras y multinacionales, cabe destacar que ya está aprobado en el Congreso fruto del acuerdo de coalición progresista, y su traspaso a Euskadi fue aprobado el martes en el Consejo de Ministros, por lo que no es ninguna medida nueva».

Ezker Anitza-IU cuenta con un procurador en las JJGG de Araba encuadrado en el grupo de Elkarrekin Podemos y ya ha expresado su decisión de votar en contra de este acuerdo.

Stop Desahucios: «Una oportunidad perdida»

Stop Desahucios también ha censurado el acuerdo, y ha lamentado que se trata de una «gran oportunidad perdida para revertir una situación injusta que solo sostenía el PNV en España y que ahora se sigue manteniendo con el apoyo de dos partidos de izquierdas de forma incoherente».

«Quizás puedan considerar que en otras materias el acuerdo alcanzado es bueno, pero mantener el regalo fiscal de la deducción por compra de vivienda a rentas inferiores a 68.000 euros sin ni siquiera considerar si necesitan esa ayuda o no en términos de esfuerzo económico para pagar los préstamos, que es el mayor gasto que tienen las familias, no es coherente con partidos de izquierdas ni con la política de vivienda que decían defender, sobre todo sabiendo que los inquilinos de las viviendas de alquiler social de Alokabide y del Gobierno Vasco, tienen que hacer un esfuerzo para pagar las rentas muy superior al 30% de sus ingresos precarios al no incluir el límite del 30%, gastos fijos que tienen esas familias como comunidad o seguros», ha manifestado.

«En resumen, más ayudas fiscales a mucha gente que no lo necesita y castigo a los inquilinos precarios del Gobierno Vasco, además de los ya más de 300 millones anuales que dejamos de ingresar por esta deducción ya cuestionada por el propio consejero Arriola y por el Observatorio Vasco de la Vivienda y que, desgraciadamente, irán en aumento con muchos nuevos beneficiarios, hipotecando aún más el futuro de los jóvenes y familias necesitadas», ha añadido.

ELA exige «dar marcha atrás»

En la misma línea se ha pronunciado el sindicato ELA, que ha advertido de que el acuerdo «consolida el injusto sistema fiscal actual. La propuesta va a suponer una disminución de la recaudación y no ofrece medidas efectivas para hacer frente al trato privilegiado que tienen las empresas. ELA ha denunciado en numerosas ocasiones que nuestro sistema fiscal recauda poco, lo hace de forma injusta y es permisivo con el fraude fiscal, y el acuerdo de reforma no revierte ninguna de estas cuestiones».

La central considera este acuerdo de revisión fiscal «una oportunidad perdida» y exige «dar marcha atrás para plantear abrir un debate real con la participación social y sindical que permita aumentar la recaudación, haciendo que las empresas paguen al menos un 25% de sus beneficios, eliminar el trato privilegiado de las rentas de capital frente a las del trabajo y aumentar el control público contra el fraude fiscal».