A pesar de que no pudieron mantener la actividad en Mecaner, quienes trataron de salvar la histórica matricería han sacado conclusiones del plan de transición ecosocial que promovieron. Las han presentado este martes a la tarde en la Kultur Etxea de Urduliz con el objetivo de transmitir la experiencia y compartir algunas lecciones que puedan ser útiles para futuros conflictos.

La iniciativa Mecaner Herriarentzat pone así broche final a su actividad, sin ocultar que «esta no es la historia de una victoria» y que el balance que realizan es inevitablemente amargo. De la lucha contra el cierre surgió una experiencia pionera en Euskal Herria, utilizando un plan de transición ecosocial como herramienta para el conflicto sindical ante las intenciones de una multinacional como Stellantis.

El balance es inevitablemente amargo pero consideran su plan de transición una experiencia pionera de la que sacar conclusiones

Mecaner Herriarentzat ha sido una iniciativa impulsada por los sindicatos LAB y ESK, los colectivos Gune Ekosozialista y Jauzi Ekosoziala, además del Consistorio de Urduliz, que con la presentación de este documento finaliza su andadura.

El objetivo, apuntan sus promotores, era demostrar que la fábrica tenía futuro y que las administraciones debían involucrarse para evitar el cierre y despido de su plantilla. No partían de cero, a tenor de otros ejemplos, como el de GKN de Florencia, pero en el proceso fueron asumiendo que era «muy difícil» revertir la decisión que había tomado Stellantis.

En enero pasado, una vez que conocieron la venta de las instalaciones de Mecaner a Lointek, constataron que las posibilidades de mantener vivo el proceso eran nulas, por lo que pasaron a analizar los pasos dados y las conclusiones que extraen.

Parten de que lo vivido es consecuencia de dejar la transición energética bajo el liderazgo de empresas y multinacionales, que «lo que buscan es mantener y aumentar sus ganancias económicas». En esa línea, sostienen que la crisis ecológica va a atravesar la mayoría de conflictos sindicales de los próximos años, especialmente en la industria, y que las empresas van a emplear cada vez más argumentos vinculados a cambios legislativos, a las inversiones productivas que tienen que asumir, al exceso de capacidad y a la baja demanda.

Consideran que la reflexión sobre cómo abordar la crisis ecosocial y transición energética en los sectores que van a experimentar transformaciones productivas es una tarea que debe implicar al conjunto de los agentes que defienden una transición ecosocial justa: a sindicatos, movimientos sociales, instituciones municipales, y sobre todo, a trabajadoras y trabajadores del sector en cuestión.

Para ello, aseguran, «debemos reforzar las estrategias que pasen por generar discusión y propuestas en los centros de trabajo, y por tejer alianzas entre personas trabajadoras, movimientos sociales e instituciones favorables a este camino».

Prepararse antes del conflicto

Otra clave es romper con la dicotomía entre ecología y empleo, no sin contradicciones entre el movimiento ecologista y el sindical. Tras la experiencia de Mecaner, apuestan porque las discusiones sobre la transformación productiva en los centros de trabajo y las nuevas alianzas deberían empezar a darse antes de que estalle el conflicto, de cara a favorecer las confluencias, también en el seno de las plantillas afectadas para alcanzar la máxima participación y socialización de las discusiones.

Una de las críticas que cosechó su plan es que no contaba con un estudio de la viabilidad económica en el mercado de las alternativas productivas propuestas, un plan de negocio. Por ello, en futuros planes, abogan por aportar «algunas cifras que muestren la forma en la que se podrían mantener los puestos de trabajo amenazados» para «generar confianza dentro de la plantilla».

Sin embargo, rechazan que sean los sindicatos y movimientos sociales quienes deban hacer los estudios de negocio. Tras lo vivido en Mecaner, concluyen que detrás de los razonamientos esgrimidos por el Gobierno de Lakua había motivos políticos y no técnicos.

A la vista de las posiciones de las instituciones, estiman que su implicación se logrará con movilización y no con reuniones

Mientras la relación con las administraciones autonómica y foral no ha sido positiva, sí lo ha sido con las municipales, en concreto con el Ayuntamiento de Urduliz. «Gracias al apoyo recibido se financió el plan de transición ecosocial, se restringió la recalificación del suelo industrial para limitar la posible especulación, se creó la plataforma posterior al cierre y se apoyaron las múltiples iniciativas realizadas», enumeran.

A la vista de las distintas posiciones en las instituciones públicas, estiman que su implicación en conflictos similares solo se logrará a través de la movilización, no con reuniones.

Acuerdos de mínimos

Además de la importancia de la anticipación y de la movilización, se considera clave la unidad de acción, los acuerdos de mínimos y las alianzas amplias. «En nuestro caso, la ausencia de unidad de acción fue especialmente negativa. El desarrollo en paralelo de dos estrategias sindicales –LAB y ESK por una parte, y ELA por otra– generó confusión y debilitó la presión que se pudiera ejercer, tanto hacia Stellantis como hacia el Gobierno Vasco. También alimentó desconfianzas, entorpeció la discusión sobre el plan de transición ecosocial y restó fuerzas a la movilización», valoran.

De ahí que defiendan que «asumir la urgencia y gravedad de la crisis ecosocial exige anteponer los intereses colectivos y buscar los mínimos denominadores comunes para lograr esas alianzas amplias y unidad de acción para futuros conflictos».

Pieza clave en todo ello es la necesidad de sacar adelante cambios en la legislación laboral y en la política industrial, partiendo del hecho, según su análisis, de que Stellantis fue capaz de cerrar Mecaner porque hay unas leyes que lo permiten.

«Stellantis también fue capaz de recibir millones de euros públicos en subvenciones a través de los PERTE y cerrar una fábrica porque las políticas industriales están hechas a medidas de las grandes empresas, y no incluyen ninguna garantía para el mantenimiento del empleo», añaden desde Mecaner Herriarentzat.