Donostia es oficialmente zona de mercado residencial tensionado, tras el anuncio en ese sentido del Departamento de Vivienda del Gobierno de Lakua. La declaración tendrá una vigencia inicial de tres años y, según ha destacado el Ayuntamiento, «permitirá la aplicación de un conjunto de políticas públicas orientadas a corregir las disfunciones del mercado y a ampliar la oferta residencial accesible».

El consejero Denis Itxaso y el alcalde Eneko Goia han comparecido conjuntamente este miércoles para escenificar «el compromiso compartido» entre ambas instituciones, con el objetivo de «dar una respuesta estructural a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía».

Donostia, la primera capital en ser declarada zona tensionada, es «seguramente uno de los municipios vascos donde más se deja notar el enorme tensionamiento que provocan la escasez y carestía de la oferta, frente a la gran demanda insatisfecha. Esa crisis habitacional se ceba con especial crudeza en la ciudad, donde hay poco suelo disponible, y el poco que hay muchas veces es complejo de gestionar», ha destacado Itxaso.

El consejero ha remarcado que «era importante cerrar acuerdos con el Ayuntamiento para que nos cedieran suelos con los que poder construir vivienda y alojamientos dotacionales. Estamos hablando a corto y medio plazo de más de 1.350 viviendas y alojamientos que el Gobierno Vasco asume construir en Ciudad Jardín (100 viviendas), Riberas de Loiola (83), Txomin Enea (400), Morlans (160-180), Playa de Vías (500) y Campos Elíseos-Martutene (98). Estos desarrollos son solo el aperitivo de un compromiso político de enorme calado por parte del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana con el principal problema de los y las donostiarras».

Loiola y Auditz Akular

A más largo plazo, ha añadido que el acuerdo con el Ayuntamiento «permitirá desarrollar conjuntamente operaciones de mayor calado como la prevista en los Cuarteles de Loiola y, sobre todo, Auditz Akular», un proyecto en la zona de Altza que copó titulares en la época de Odón Elorza pero que finalmente terminó aparcado en un cajón.

Itxaso ha reconocido que «desde hace algunos años, muchos y muchas donostiarras han perdido la expectativa de lograr vivir en su propia ciudad, y es necesario que la recuperen. Para ello hace falta desplegar una estrategia potente de hechos que les hagan recuperar la confianza. Por eso, desde este Departamento estamos dirigiendo una parte muy significativa de nuestro esfuerzo presupuestario en vivienda protegida hacia esta ciudad, con un nivel de inversión sin precedentes».

El consejero ha subrayado que al Ejecutivo autonómico «le preocupa especialmente el impacto que esta crisis puede tener sobre las clases medias, que por su volumen representan el corazón de nuestra sociedad y no pueden quedar excluidas de este derecho. Estamos trabajando en una batería de medidas que no solo contengan los precios, sino que impulsen la oferta, refuercen el parque público y movilicen vivienda vacía».

Estabilizar el mercado de alquiler

Por su parte, Eneko Goia ha subrayado que «la declaración de zona tensionada nos permitirá como municipio disponer un instrumento más para hacer frente al problema de la vivienda. Esperamos que esta medida nos ayude a estabilizar los precios del mercado de alquiler en la ciudad. Además es imprescindible que activemos otras como la puesta en marcha de nuevas promociones de vivienda pública de distinta tipología, que permitan dar una respuesta amplia al número de personas solicitantes que viven en la ciudad».

El alcalde ha asegurado que su Ayuntamiento es el que «más esfuerzo financiero viene realizando desde hace años para la generación de nueva vivienda pública, con una deuda destinada a la construcción de la misma que ronda los 150 millones de euros. Además el Ayuntamiento es propietario de más de 2.000 elementos alquilables en distintos puntos de la ciudad y trabaja en la actualidad para ampliar el parque de vivienda pública».

Ha recordado que «en la actualidad se encuentran en fase de construcción alrededor de 1.200 nuevas viviendas en distintos ámbitos, como Ciudad Jardín, Añorga o el Infierno, y que los nuevos planeamientos que en breve serán aprobados permitirán llegar a las 1.500 viviendas en fase de construcción a final de año, sin olvidar temas importantes como el acuerdo alcanzado para la compraventa de los Cuarteles de Loiola, que permitirá la construcción de entre 1.500 y 1.700 nuevas viviendas».

También ha destacado el desbloqueo del «futuro desarrollo de Txomin Enea II, una vez la cárcel cierre sus puertas, así como para trabajar en un convenio que permita al Ayuntamiento ceder terrenos de titularidad municipal al Gobierno Vasco destinados a la construcción de vivienda».

Un precio medio de 5.370 euros/m²

La radiografía realizada por Donostiako Etxegintza señala que el precio medio de la vivienda en la capital guipuzcoana ha alcanzado los 5.370 euros/m², mientras que en el ámbito del alquiler los contratos firmados en 2023 registraron una media de 1.037 euros mensuales, cifra que representa un crecimiento del 13,6% en apenas cinco años.

De hecho, se ha constatado que la carga del alquiler más los gastos básicos supera el 30% de la renta disponible, alcanzando de media el 31,6%. Este indicador ha sido clave para la declaración oficial como zona tensionada.

A esta presión de precios se suma «una oferta residencial limitada y envejecida. La ciudad cuenta con un parque de cerca de 95.000 viviendas, con una antigüedad media de 53 años, donde el 20% carece de ascensor, porcentaje que aumenta hasta el 31% en zonas como Intxaurrondo. Además, 2.109 viviendas permanecen vacías (2,2% del parque), de las cuales 1.481 son consideradas como gestionables. Hay contabilizadas 1.395 viviendas destinadas al uso turístico (1,4% sobre el total), concentradas especialmente en el Centro y en Gros».

Junto con esta declaración, el Ayuntamiento ha presentado una hoja de ruta para los próximos tres años, estructurada en cuatro ejes estratégicos: Fomento del alquiler asequible, rehabilitación y regeneración urbana, ampliación de los sistemas de ayuda al alquiler y coordinación institucional.