El sindicato LAB ha solicitado al Gobierno de Lakua que suspenda la línea de avales destinados al fomento de la compra de vivienda que tiene previsto aprobar este martes, a iniciativa del PNV. El sindicato considera que esta medida contradice la Ley de Vivienda de la CAV y se basa en la transferencia de dinero público a las constructoras y la patronal inmobiliaria.

Una veintena de miembros de LAB se han concentrado ante Sabin Etxea para mostrar su rechazo a un decreto que, en opinión del sindicato, «incumple la Ley de Vivienda de 2015». «La vivienda, a día de hoy, es un elemento fundamental para precarizar y empobrecer a las personas trabajadoras, pero las políticas que se están poniendo encima de la mesa simplemente lo que están haciendo es continuar la línea que se ha venido realizando hasta ahora y, por lo tanto, agravar la situación», ha valorado el responsable de Acción Social de LAB, Endika Perez.

Según ha declarado, con las medidas urgentes presentadas, PNV y PSE quieren «iniciar un nuevo ciclo de construcción, dándole dinero público a las empresas constructoras, a la patronal inmobiliaria y facilitando los trámites en vez de tomar medidas verdaderamente efectivas para bajar los precios de la vivienda, que es una de las prioridades que debería tener este Ejecutivo».

En este sentido, Perez ha explicado que la línea de avales promovida por los partidos de Gobierno, a través del Instituto Vasco de Finanzas, va a priorizar la compra, en lugar de destinar los recursos públicos a «impulsar el alquiler social o la rehabilitación de la vivienda». Un hecho que, para LAB, incumple la Ley Vasca de Vivienda, por lo que han presentado «una serie de alegaciones» a dicho decreto. «La respuesta que hemos obtenido del Departamento de Juventud es decir que, como son ellos los que ponen en marcha la iniciativa, no tiene nada que ver con una política de vivienda. Es escandaloso», ha criticado el sindicalista.

«Hoy en día, quienes están viviendo de paguitas y de subvenciones son única y exclusivamente la patronal inmobiliaria y las constructoras, que siguen teniendo grandes beneficios, dinero público que pasa a manos privadas sin ningún tipo de condicionamiento, y que, de alguna manera, lo único que se está consiguiendo es aumentar el precio de la vivienda», ha subrayado. Por ello, la apuesta de LAB se dirige a «hacer otro tipo de política de vivienda».

Entre las medidas mencionadas por Perez en esta dirección, se encuentra «potenciar un parque público de alquiler social, no solo construyendo nuevas viviendas, sino movilizando las que actualmente existen mediante la presión fiscal a la patronal inmobiliaria, a los rentistas y a los grandes tenedores».

Finalmente, ha reclamado que el conjunto de la CAV sea declarada zona tensionada, siguiendo el ejemplo de Nafarroa, en lugar de que tengan que ser los propios ayuntamientos los encargados de tomar esta decisión.