En la antesala de que el Pleno de Política General del próximo 18 de setiembre abra el curso parlamentario, el lehendakari está celebrando una ronda con los grupos políticos para «compartir los temas que ocuparán la agenda vasca en los próximos meses». Según dijo Imanol Pradales el 28 agosto en el Palacio Miramar de Donostia, las reuniones «servirán para analizar el escenario político vasco y estatal, trasladarles las previsiones socioeconómicas y presupuestarias; y avances en materia de autogobierno».

A tenor de experiencias anteriores, poco cabe esperar de estas citas que comenzaron el viernes con PP y Sumar, que siguen este lunes con el PSE y que acabarán mañana con EH Bildu y PNV. Hasta la fecha, ni la inicial de julio del año pasado cuando llegó Imanol Pradales a Ajuria Enea, ni la posterior de abril con los aranceles de Donald Trump de fondo, fructificaron en ningún tipo de acuerdo conocido.

Pero, además, el presidente del EBB, Aitor Esteban, ya comentó hace una semana que se buscan acuerdos «en la medida de lo posible», pero dejando claro, primero, que «el Gobierno tiene una mayoría absoluta en el Parlamento»; y, segundo, que esa mayoría «ha sido votada por la población de este país» y esa «mayoría no parece que esté en desacuerdo» con las políticas del Ejecutivo. Esteban añadió que han sido «políticas públicas punteras lideradas sobre todo por el PNV» y que «comparativamente con Europa estamos en un nivel muy alto».

Así que el líder jeltzale se mostró contrario a cualquier cambio en esas políticas, por lo que si los grupos de la oposición, como EH Bildu, pretenden que se introduzcan cambios «no estoy de acuerdo».

El modelo de PNV y PSE para llegar a acuerdos, como se vio en estas rondas y en el debate presupuestario, no ha cambiado nada con respecto a la anterior legislatura con Iñigo Urkullu como lehendakari, y consiste en exigir la adhesión a sus posiciones.

Al igual que ocurrió en la Mesa de Salud, allí donde hay divergencias con otros partidos o con los sindicatos, se impone la visión gubernamental con el aplauso de Confebask y se pasa a criticar la falta de voluntad o el vértigo al acuerdo de los demás.

Iniciativas populares condenadas

Pasado el Pleno de Política General, el primer debate trascendente que se dé en el Parlamento será probablemente el de la toma en consideración o no de la Iniciativa Legislativa Popular de medidas para garantizar el complemento de las pensiones para equipararlas al SMI. Las 145.142 firmas recogidas por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria serán arrojadas en saco roto por la mencionada mayoría absoluta de PNV y PSE que, como ha decidido el Gobierno de Pradales y Torres, impedirán que ni siquiera se admita a trámite.

Y cabe predecir que similar suerte correrá la ILP impulsada por los sindicatos vascos para fijar un SMI propio para  la CAV. En este caso, ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde han recogido 138.495 firmas en tres meses, que registraron el pasado 21 de agosto en el Parlamento autonómico.

Vivienda y defensa del euskara

Otros debates importantes que se esperan para este curso son los de las proposiciones de ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo, presentada por PNV y PSE conjuntamente, y las dos que pretenden defender el euskara en el empleo público, registrada una primera por EH Bildu y otra después por los jeltzales, tras no haber logrado estos un acuerdo con sus socios del PSE.

Aitor Esteban ya ha dejado claro que tienen mayoría absoluta y que esta se debe a que los votantes están conformes con sus políticas, a las que a los demás les queda la posibilidad de adherirse.

De la proposición de ley de medias urgentes en vivienda la oposición criticó de forma unánime que un proyecto impulsado abiertamente por el consejero Denis Itxaso, no fuera registrado por el Gobierno sino por PNV-PSE, lo que conlleva una tramitación menos exigente que si lo hubiera hecho el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana. En la votación de admisión a trámite EH Bildu y Sumar votaron en contra, mientras que PP y Vox acabaron absteniéndose. Habrá que ver qué hacen los de Javier De Andrés tras el debate de enmiendas. Su apoyo a los cambios tendría lógica.

En cuanto a la respuesta legislativa para defender el requisito de poder comunicarse en euskara para acceder a puestos de trabajo público, EH Bildu y PNV han presentado distintas proposiciones de ley con este propósito. Los jeltzales intentaron llegar a un acuerdo con el PSE pero no lo lograron. Pero no les gusta el texto de EH Bildu. El Gobierno mostró su criterio contrario a su tramitación, mientras que el visto bueno al del PNV se dio sin el apoyo del PSE en el Consejo de Gobierno.

El caso es que si no se alcanza algún tipo de consenso entre EH Bildu y PNV se corre el peligro de que no se apruebe nada en el Parlamento.

Transparencia copiada

También está en trámite la Ley de Transparencia remitida a la Cámara por el Gobierno de Lakua, con el detalle no menor de que es el mismo proyecto que redactó el anterior Ejecutivo de Iñigo Urkullu. Esta es una materia sensible, en la que PNV y PSE han ido rechazando durante años diversas propuestas realizadas por EH Bildu y otros grupos.

Estatus y transferencias

Aunque estos debates están de momento fuera del Parlamento, la cuestión del autogobierno va a ser también un eje central en los próximos meses.

Por un lado, PNV y PSOE pactaron que para el 31 de diciembre debería estar completado todo el Estatuto de Autonomía de 1979. Visto el ritmo de transferencias seguido hasta la fecha, no es que la meta sea muy difícil, sino que es evidentemente imposible, aunque el lehendakari esté alimentando la posibilidad de que haya grandes noticias en las próximas semanas.

Las ILP de pensiones y SMI propio llevarán al Parlamento importantes reivindicaciones sociales que PNV y PSE impedirán que se debatan.

La otra variante es la negociación para reformar el Estatuto o buscar un nuevo estatus, negociaciones que se mantienen con discreción entre PNV, EH Bildu y PSE-PSOE, pero que también parece dudoso que den frutos positivos a medio plazo.

Y sobre una y otra de estas dos vertientes del autogobierno, así como sobre toda la política institucional, pende la incertidumbre de cuánto durará este mandato de Pedro Sánchez y su Gobierno de coalición, y qué ocurrirá si a medio plazo hay una convocatoria de elecciones a Cortes y cuáles serán los resultados. La llegada a la Moncloa de Alberto Nuñez Feijóo, y más si lo hace a lomos de Vox, supondría un cambio muy determinante de los equilibrios políticos que se han mantenido desde la moción de censura de 2018.